La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, emitió un comunicado en el que alerta sobre un creciente riesgo para la democracia, ante recientes hechos que, a su juicio, obstruyen el proceso electoral rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
La organización denunció que ningún partido político debe recurrir a mecanismos de presión, coacción o sabotaje que interfieran en el desarrollo normal de las elecciones, especialmente en sistemas clave como el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), vitales para garantizar la transparencia y generar confianza en la ciudadanía.
El pronunciamiento se dio luego de que miembros de colectivos del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) se apostaron frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el objetivo de impedir la recepción de ofertas por parte de empresas interesadas en proveer el sistema TREP. Paralelamente, el consejero Marlon Ochoa interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, lo que, según la ASJ, refleja la gravedad de la crisis institucional dentro del ente electoral.
La ASJ considera que estas acciones se dan en un momento crítico del calendario electoral y representan una amenaza directa a uno de los mecanismos fundamentales del proceso. Además, alertó sobre un patrón reiterado de intentos por boicotear las elecciones.
El comunicado también condena las presiones para presentar requerimientos fiscales contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, advertencia que según la ASJ busca permitir que sus adjuntos asuman funciones y, con ello, romper el balance de poder en el CNE. Esta maniobra, añade, permitiría a un solo partido controlar el órgano electoral, poniendo en entredicho su legitimidad e imparcialidad.
La ASJ llamó a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA), a mantener vigilancia activa sobre el desarrollo del proceso electoral hondureño y a pronunciarse ante cualquier intento de debilitar la institucionalidad democrática.
También exhortó al Fiscal General de la República a actuar con independencia, respetando el marco legal y alejándose de presiones políticas. La Fiscalía, señaló, debe ser garante de la legalidad y no un instrumento para alterar el orden constitucional ni el cronograma electoral.
Finalmente, la organización reiteró que Honduras merece elecciones legítimas, transparentes y confiables. Advirtió que el uso político del sistema electoral, sumado a la polarización y al debilitamiento institucional, solo alimenta la desconfianza ciudadana y pone en riesgo la estabilidad democrática.
