El titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, advirtió que las demandas laborales promovidas contra el Estado de Honduras por despidos de empleados públicos podrían superar los 25 mil millones de lempiras, al incluir indemnizaciones, pagos retroactivos y embargos derivados de fallos judiciales.
El funcionario explicó que muchos de estos procesos se originaron por cancelaciones realizadas mediante despido directo y, en algunos casos, sin justificación legal, lo que llevó a los afectados a interponer acciones judiciales.
Puerto detalló que en los casos donde ya existen sentencias firmes, el Estado ha debido cumplir con reintegros laborales, pago de prestaciones y salarios dejados de percibir, lo que ha incrementado de forma considerable el impacto financiero sobre las arcas públicas.
Asimismo, señaló que esta situación ha provocado una fuerte mora judicial, con audiencias programadas incluso hasta los años 2031 y 2032, lo que refleja que algunos procesos podrían tardar hasta una década en resolverse.
De acuerdo con el titular de Trabajo, entre 2019 y 2024 los tribunales ordenaron pagos que superan los 12 mil millones de lempiras, mientras que solo entre 2022 y 2023 se desembolsaron más de 4,400 millones de lempiras en concepto de indemnizaciones por despidos injustificados.
El funcionario advirtió que, de mantenerse esta tendencia, las finanzas estatales podrían enfrentar una presión cada vez mayor, afectando la capacidad presupuestaria y la planificación de programas públicos.
En ese sentido, subrayó la necesidad de atender la problemática de manera integral para evitar que el crecimiento de estas obligaciones judiciales siga comprometiendo los recursos del Estado.
