Sao Paulo – Las comunidades indígenas y las áreas protegidas de la selva amazónica son «la mejor solución» al cambio climático, por lo que los Gobiernos deberían fortalecer sus legislaciones en materia ambiental y combatir «la impunidad» de los delitos en la región, indicó un estudio publicado este lunes.
En el estudio, publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, los investigadores señalan que las comunidades indígenas de la Amazonia «amortiguan» las emisiones de carbono y ejercen un «papel crucial» en la preservación de la biodiversidad.
«Para salvar la Amazonia, los territorios indígenas deben permanecer protegidos», aseveró uno de los investigadores, Steve Schwartzman, quien agregó que la investigación detectó que las reservas indígenas «han reducido la deforestación y degradación» de la Amazonia en los últimos 20 años.
En el estudio, los autores analizaron las pérdidas y ganancias en carbono en el período entre 2003 y 2016 y dividieron las pérdidas entre aquellas atribuidas a la conversión del bosque tropical -como la deforestación-, a la degradación por impacto humano y a factores naturales.
Los resultados apuntan que, en dicho período, la selva amazónica liberó alrededor de 1.290 millones de toneladas de carbono a la atmósfera, de las que los territorios indígenas registraron la menor pérdida neta de la sustancia.
El científico Wayne Walker, quien también participó en el estudio, indicó que el trabajo comprobó que «los bosques bajo la administración de los pueblos indígenas y las comunidades locales» siguen teniendo «mejores resultados de carbono que las tierras que carecen de protección».
LEGISLACIONES CADA VEZ MÁS BLANDAS
Pero los investigadores alertaron de que las legislaciones en materia medioambiental se han ablandado en los últimos años y que los Gobiernos «están debilitando las protecciones ambientales», «violando los derechos indígenas» y «alentando la impunidad» ante los delitos ambientales perpetrados en la región.
«La situación está poniendo en riesgo la existencia de nuestros pueblos y nuestros territorios, que contienen los bosques más densos en carbono del mundo», recalcó Tuntiak Katan, otro de los autores del estudio y subcoordinador de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA).
Si bien la investigación fue realizada antes de la elección del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien llegó al poder el pasado 1 de enero de 2019, los investigadores advertieron de que la situación será «cada vez más urgente».
En el estudio, los autores subrayaron que Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, «redujo aún más las protecciones» y fiscalizaciones en materia ambiental y destacaron que la revisión de normas que rigen el Fondo Amazonas, financiado por Noruega y Alemania, llevó a una «efectiva paralización» de dichos fondos, destinados a la preservación del mayor bosque tropical del mundo.
«Las políticas orientadas al desarrollo del Gobierno han desencadenado una nueva ola de acaparamiento de tierras y especulación», contribuyendo a los «recientes picos de deforestación y los incendios generalizados», expresaron los responsables del estudio.
Bolsonaro ha sido criticado en diversas ocasiones por defender una mayor flexibilización de la legislación ambiental, así como la explotación mineral y agrícola en las tierras indígenas.
Así, los investigadores concluyeron que «sigue siendo una pregunta abierta» si las políticas actuales del mandatario brasileño, «que tienen el potencial de borrar décadas de progreso», podrían ser influidas por «presiones políticas en sentido contrario».
En la investigación participaron científicos y expertos del Centro de Investigación Woods Hole (WHRC), de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA), de la Rede Amazónica de Información Sociambiental (RAISG), del Fondo de Defensa Ambiental (EDF) y del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM).
