Temen en Honduras el cierre del caso de Berta Cáceres tras la condena a los acusados

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Imagen de archivo de uno de los abogados de la familia de Berta Cáceres, Víctor Fernánde. EFE/Humberto Espinoza/Archivo

Tegucigalpa – La familia y la defensa de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, reciben con insatisfacción la condena a siete de los ocho acusados por el crimen puesto que temen que el caso sea cerrado tras el fallo judicial y exigen castigo para los autores intelectuales.

«Satisfacción no puede haber hoy, porque es muy peligroso que el Estado de Honduras y la estructura criminal que ejecutó este crimen pretendan decir que ya se cerró el caso», dijo este martes a Efe uno de los abogados de la familia de Berta Cáceres, Víctor Fernández.

Un tribunal de Honduras condenó este lunes a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Castro, que era huésped de la ambientalista el día del crimen y fue el único testigo del hecho.

Los otros tres condenados, a 30 años de cárcel, como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Sergio Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollo Energético (DESA), que siempre ha rechazado las acusaciones contra su personal por el asesinato de Cáceres, quien dormía en su casa cuando fue atacada.

La defensa de la familia Cáceres afirmó que la condena llega «tarde formalmente», pues los siete condenados habían sido declarados culpables de asesinato y tentativa de asesinato, el 30 de noviembre de 2018.

El fallo constituye «una primera fisura a la estructura de impunidad» que rodea el asesinato de la ambientalista, enfatizó Fernández.

Agregó que la condena «ampara a la estructura criminal que ejecutó el crimen de Berta Cáceres y que se constituyó en una asociación criminal desde que se establecieron los planes de obtener la concesión del río Gualcarque».

Berta Cáceres se enfrentó a Desa por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.

Fernández indicó que la condena ha sido «una conquista» del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que Cáceres era coordinadora general, que «nunca aceptó el guion que montó el Estado» sobre el asesinato de la líder indígena.

Aseguró que «está claro» quiénes son los autores intelectuales del crimen, pues considera que la condena describe «la vinculación de los autores materiales con los autores intelectuales, que son los propietarios de la empresa Desa».

REVOCAR CONCESIÓN DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO

Señaló que el Ministerio Público de Honduras hasta ahora no ha logrado «perseguir criminalmente» a los autores intelectuales, y demandó la revocación de la concesión del proyecto Agua Zarca.

«El mismo Estado ya dijo que es una concesión fraudulenta, hay 16 personas acusadas», enfatizó Fernández, quien cree que la condena debe además «reivindicar integralmente los derechos, la equidad, la justicia de Berta Cáceres y todo el pueblo (indígena)».

NUEVAS INVESTIGACIONES

Tras conocer el fallo, el Copinh solicitó nuevas investigaciones para capturar a otros implicados en el asesinato, por el que guarda prisión Roberto David Castillo, un alto ejecutivo de Desa, quien ha sido señalado como el único autor intelectual del crimen de Cáceres.

«Sabemos que la sentencia es un paso hacia la justicia, pero todavía no hay justicia para Berta y las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Agua Zarca y la comunidad de Río Blanco», señaló.

El Copinh reiteró su «compromiso de seguir demandando justicia integral y de fondo por el asesinato de Berta Cáceres».

SANCIÓN EXHAUSTIVA

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) resaltó la importancia de la sentencia para esclarecer los hechos en torno al asesinato de Berta Cáceres.

Enfatizó además que la sentencia «se constituye como un primer paso hacia la identificación y sanción exhaustiva de todos los partícipes en el crimen, incluyendo las autorías intelectuales».

El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, ha señalado que la «determinación de todas las responsabilidades es relevante si se quiere acabar con las estructuras de poder que promueven la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos», añadió la OACNUDH.

Destacó también la importancia de que el resto de las investigaciones que se llevan a cabo en el caso del asesinato de Berta Cáceres «avancen de manera pronta y expedita».