San Salvador – El Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador, adscrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), negó este viernes el supuesto extravío de las muestras genéticas de los familiares de varias víctimas de la masacre de El Mozote (1981), cuyos restos fueron exhumados en 2016.
El 28 de noviembre, la organización humanitaria Tutela Legal «María Julia Hernández» denunció el atraso en la entrega de las osamentas por parte del IML.
Wilfredo Medrano, abogado de las víctimas en un proceso penal contra 16 militares retirados, detalló que los representantes del IML explicaron que el material genético tomado a los familiares no fue guardado «adecuadamente», por lo que no se realizó la comparación para establecer las identidades de las víctimas.
Tutela Legal publicó en sus redes sociales el jueves que «Medicina Legal de la Corte Suprema perdió muestras de ADN de osamentas de El Mozote entregadas en 2016».
La CSJ difundió este viernes un comunicado, fechado el 5 de diciembre, en el que señala que el IML «desmiente categóricamente el extravío de muestras de ADN».
Añadió que «cuenta con todas las muestras extraídas en el año 2016 a familiares» y que estas fueron «resguardadas con las cadenas de custodia correspondientes».
La entidad explicó que algunos resultados de las muestras fueron analizados nuevamente «obedeciendo única y exclusivamente a procedimientos de control de calidad».
Por esta masacre, declarada como crimen de lesa humanidad, son procesados 16 mandos militares retirados, entre ellos el exministro de la Defensa Guillermo García.
Silvana Turner, experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encabezó a mediados de noviembre la exhumación de los restos de 11 víctimas de la referida masacre.
Dos exmiembros del Ejército, presentados como testigos por la Fiscalía General de la República (FGR), relataron a inicios de noviembre cómo su batallón de élite ejecutó a los cerca de 1.000 campesinos desarmados.
Los testigos, identificados únicamente como «Juan» y «Sol», son los primeros exmiembros del Batallón Atlacatl que declaran contra sus excompañeros de armas y oficiales en el proceso penal.
García y el resto de oficiales retirados enfrentan cargos de tortura, desaparición y desplazamiento forzado.
También son acusados de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo, delitos elevados a la categoría de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
La guerra civil salvadoreña enfrentó al Ejército, financiado por EE.UU., y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se saldó con 75.000 muertos y al menos 8.000 desaparecidos.
Veteranos denuncian a exmagistrados salvadoreños por anular amnistía de 1993
San Salvador – Un grupo de veteranos del Ejército de El Salvador, que combatieron durante la guerra civil (1980-1992), denunciaron este jueves a cuatro exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Cortes Suprema de Justicia (CSJ) por anular la ley de amnistía de 1993.
Los militares retirados llegaron a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir que los exjueces constitucionales sean investigados por los delitos de falsedad documental, falsedad ideológica, actos arbitrarios y prevaricación.
Se trata de los letrados Sídney Blanco, Eliseo Ortiz, Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes emitieron en julio de 2016 una sentencia con la que anularon la ley de amnistía de 1993 y que impedía investigar y juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado.
La derogación de esta ley permitió reabrir procesos penales como el del magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la matanza de unos mil campesinos en El Mozote (1981) y la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).
José Alvarado, representante de los militares, señaló a periodistas que los supuestos delitos se cometieron al emitir el fallo durante una reunión de la Sala de lo Constitucional al momento de estar abierta una sesión del pleno de la Corte Suprema.
Por su parte, Fernán Álvarez, secretario del Instituto de Derecho Militar, indicó que no se oponen a la declaración de inconstitucionalidad de la referida ley, sino que desaprueban la forma en que se emitió el fallo.
«Si la forma es incorrecta, el resultado también es incorrecto», dado que «hay preceptos legales que hay que respetarse», apuntó Álvarez.
Señaló que la derogación de la amnistía «afecta, por lo menos, a 500.000 personas» relacionadas con los veteranos de guerra «que pueden ser enjuiciadas» y apuntó que buscan que la ley de amnistía adquiera nuevamente vigencia para poner «punto final a la reconciliación nacional».
La guerra civil salvadoreña enfrentó al Ejército, financiado por EE.UU., y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se saldó con 75.000 muertos y al menos 8.000 desaparecidos.
