Tegucigalpa.- La abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se refirió en un vídeo que publicó en las redes sociales, sobre la aprobación del decreto que otorga poderes a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Catellanos está en desacuerdo que la independencia de esa unidad especializada, termine cuando un nuevo personaje ocupe la silla de Oscar Fernando Chinchilla. “La solución no debe ser bajo condiciones sino que integral y con efectos permanentes”.
“Ante los altos niveles de corrupción impunidad en Honduras, preocupa que a la fecha el órgano persecutor del delito, es decir el Ministerio Público, no ha logrado avances sustanciales, pese a que los actos de impacto tienen nombre y apellido”, fueron las primeras palabras de Castellanos en el vídeo.
También agrega que “durante los últimos 9 años la cabeza del ente que tiene el monopolio de la acción penal pública, no ha hecho más que mantenerse al margen e encubrir a sus aliados cuando esto se repartieron el botín mientras ocuparon cargos en la administración. Su negligencia fue más allá cuando limitó el accionar de las únicas oficinas que han dado resultado dentro del Ministerio Público. Es por ello, que habla de independencia y fortalecimiento no debe ser una aspiración cortoplacista”.
Castellanos criticó que ayer se aprobó un decreto que pretende hacer valer derechos que las fiscalías y el Ministerio Público, ya poseen.
“En la madrugada de este 27 de mayo del 2022, cuando el pueblo hondureño dormía, el Congreso Nacional aprobó un decreto que pretende hacer valer derechos que las fiscalías y el Ministerio Público, ya poseen, lo que hace reconocer no solo de hecho sino de derecho las malas prácticas y situaciones de facto que a lo interno de esta estancia venía ocurriendo”, reflexionó.
Pero el principal problema, dijo que “radica en el término de la temporalidad con la que este decretó condiciona los súper poderes otorgados a la Uferco, con vigencia hasta que se elija un nuevo fiscal general; en otras palabras se está decretado legislativamente que la independencia de esta unidad especializada culminará cuando un nuevo personaje ocupe la silla de Oscar Fernando Chinchilla. La solución no debe ser bajo condiciones sino que integral y con efectos permanentes”.
“La independencia se debe orientar a fortalecer la institucionalidad y no a las personas. Las leyes deben hacerse a la medida de las necesidades sociales y no políticas. Hoy más que nunca se necesita una ley que regule la elección de fiscales y magistrados que garantice una elección sin disfraz y que estás malas prácticas no pasen”, concluyó.
