Santiago de Chile– En un contexto mundial de confinamiento preventivo ante el coronavirus, el interior de una prisión se antoja a priori como un lugar de resguardo seguro, pero si el COVID-19 traspasa los barrotes, como ya ocurre en Chile, el paradigma de la reclusión se convierte en la paradoja del contagio.
De estar aislados del SARS-CoV-2 por encontrarse encerrados previamente, los presos y gendarmes (guardias de prisiones) han pasado a estar atrapados en las cárceles del país junto a la enfermedad, que ya saltó los muros de algunas penitenciarias del país.
Al menos 77 internos y 119 gendarmes, según cifras oficiales, se han contagiado ya de COVID-19 en las prisiones de Chile pese a los protocolos establecidos por Gendarmería para reducir los riesgos de contagio en el interior de las cárceles del país, que registra más de 11.000 casos y supera las 150 muertes por la pandemia.
La situación es crítica tras las rejas de algunos presidios chilenos, que ya arrastraban desde años hacinamiento e insalubridad graves, según denunció hace unos días la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.
«La realidad de los recintos penitenciarios de nuestro país ha evidenciado que la privación de libertad implica, en sí misma, la privación de otros derechos o medios de subsistencia, tales como el acceso a agua potable, a una atención médica oportuna y a medidas de higiene y salubridad», afirmó en un informe la fiscal judicial Lya Cabello.
Ese hecho, «acompañado de las altas tasas de hacinamiento y de deficiencias infraestructurales serias en varios establecimientos penitenciarios, convierten a las personas privadas de libertad en un grupo especialmente vulnerable a un contagio rápido y masivo», agregó.
Es «una bomba de tiempo», afirmó Cabello, quien recomendó reducir la población penitenciaria en la medida de lo posible.
INDULTOS CONMUTATIVOS COMO MEDIDA SANITARIA
Actualmente 49.380 personas están encarceladas en Chile, alcanzando 142.493 si se cuantifica a quienes cuentan con regímenes abiertos o postpenitenciarios.
De esos miles de presos unos 1.300 podrán acogerse a la ley de indulto conmutativo promulgada días atrás por el Ejecutivo, que principalmente beneficia a reos de avanzada edad y mujeres embarazadas o con hijos pequeños viviendo junto a ellas.
Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) explicaron que la medida es útil pero insuficiente: la crisis penitenciaria existente se puede convertir en una crisis sanitaria, y eso podría provocar una crisis de seguridad, dijo a Efe su director, Sergio Micco.
CONDICIONES INHUMANAS
«Cuando una persona comete un delito y la sociedad le sanciona, esa sanción es perder la libertad, no es vivir en condiciones inhumanas en una cárcel. Es una tremenda crisis que esperemos que no se transforme en tragedia en las próximas semanas», afirmó.
Micco, junto a varios equipos del INDH, han visitado el interior de las presiones para verificar la situación de los internos y sus conclusiones son bastante pesimistas.
«Te encuentras con habitaciones de 25 metros cuadrados donde hay 60 personas, donde hay módulos y apenas dos tazas para hacer las necesidades y una ducha al lado de la basura. Son condiciones higiénicas muy malas que hacen temer que los brotes de coronavirus sean muy grandes», explicó.
PROTOCOLOS DE GENDARMERÍA: ADECUADOS PERO IMPOSIBLES
Para evitar la propagación de los contagios, Gendarmería estableció protocolos sanitarios como el distanciamiento entre personas, lavado de manos con jabón, uso de mascarillas, limitación de visitas… medidas adecuadas pero que son «letra muerta» sin recursos para aplicarlas, señaló Micco.
«Son camarotes (literas) de cuatro niveles, uno al lado del otro, sin ventilación, con humedad y calor. No hay que ser médico para saber lo que va a pasar ahí dentro si entra el coronavirus», añadió el director del INDH.
Tanto reos como gendarmes están igualmente expuestos a la insalubridad del interior de algunas prisiones y al contagio por el coronavirus en aquellos recintos que ya registraron casos positivos de la COVID-19.
Por ese motivo comenzaron a organizarse para tomar las precauciones que pueden, como la fabricación de sus propias mascarillas para repartir entre el resto de miles de encarcelados en Chile, y también para sus carceleros.
Desde la ONG Leasur, con presencia en diversas prisiones del país austral, Nicolás Montero, coordinador territorial, explicó a Efe que los presos son conscientes de que están desamparados.
«Es muy ilustrativo del sentir de la población penal. Hay preocupación pero también ellos saben la valoración y el descuido que existe por parte de la instituciones respecto a su población, así que se adelantan y toman medidas porque saben que no pueden esperar», indicó.
Su compañera Manuela Morales, también coordinadora, añadió que todas las medidas tomadas para evitar el contagio son «impracticables» entre rejas en Chile.
«El distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, desinfección de espacios y objetos… es impracticable en las cárceles porque hay condiciones de hacinamiento y falta de acceso a la salud y un millón de problemas. La capacidad de prevención que se tiene en las cárceles es prácticamente imposible», señaló.
RIESGO DE REVUELTAS Y MOTINES
Desde que el pasado 3 de marzo se registró el primer positivo por coronavirus en Chile han ocurrido de desórdenes en el interior de algunos penales en los que los internos exigían mejoras en la situación sanitaria.
Desde el INDH advirtieron que tras los barrotes de algunas prisiones el ambiente empieza a ser insostenible y temen por una deserción masiva de gendarmes, que también están contagiándose al estar encerrados en los centros penitenciarios junto a los reos.
«Cuando hablo con los internos les digo que tienen que cuidar a los gendarmes porque si ellos empiezan a enfermarse y desertar va a llegar un momento en que les van a poner un candado por fuera a la reja y ahí no va a haber quién les cuide», señaló Micco. EFE
