Piden procesar a tres exjefes militares de Guatemala por genocidio maya ixil

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Ciudadanos colocan fotos de las masacres de la región guatemalteca del Quiché en 1982. EFE

Guatemala.– La Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala pidió este lunes a un juzgado que procese a tres militares retirados de alto rango por su supuesta participación en el caso de genocidio maya ixil de 1.128 víctimas en 859 masacres en los primeros tres meses de 1982.

Además, la Fiscalía reiteró que hubo 540 víctimas ixiles de delitos contra los deberes de la humanidad, 81 personas que sufrieron desaparición forzada y 36 víctimas de violencia sexual contra niñas, mujeres y ancianas de la misma etnia, todo comprendido entre los años 1978 y 1982, cuando estuvo en el poder el general Romeo Lucas García.

Los imputados integraron los principales cargos en el Estado Mayor General del Ejército entre 1981 y 1982. El jefe era Manuel Benedicto Lucas García, hermano de Romeo Lucas García; así como el jefe de Inteligencia (G2) Manuel Antonio Callejas y Callejas y el jefe de Operaciones -entre enero y marzo de 1982-, César Octavio Noguera Argueta, quien fue arrestado el pasado 25 de octubre en Ciudad de Guatemala.

Tanto Benedicto Lucas como Manuel Callejas ya se encontraban en prisión por otros casos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, decidió concluir la audiencia de este lunes tras escuchar los argumentos finales de Lucas, cuya defensa reprodujo en la sala de audiencias fragmentos del documental de 1983 «Cuando las montañas tiemblan», de la cineasta Pamela Yates.

La defensa de Lucas aseguró que se militarizó el área ixil para tener control de la insurgencia, pues se trataba de una «zona roja» y cuyos habitantes figuraban como «la base social de la guerrilla».

Gálvez citó para continuar con el proceso final de la audiencia de primera declaración para este martes a las 9.00 hora local (15.00 GMT).

La Fiscalía de Derechos Humanos acusó a Benedicto Lucas de no detener las masacres en contra de la población ixil a pesar de poder hacerlo por rango militar y de tener total conocimiento y potestad sobre los actos llevados a cabo en esta área.

Según la investigación preliminar de la Fiscalía, el Gobierno de Romeo Lucas catalogó a los ixiles como miembros de la guerrilla y los caracterizó como «enemigos internos y blanco de extermino», de acuerdo a documentos confidenciales a los que tuvieron acceso.

Para ello se diseño una «fase de intervención» en el área ixil, entre 1978 y 1981, por lo que el Ejército «ordenó operaciones y recursos» en esa región del departamento del Quiché, según la Fiscalía.

La primera de las masacres, que ocurrió en la plaza central del municipio de Chajul, en el departamento norteño de Quiché, sucedió en 1979 cuando esa fase de intervención aún estaba en «proceso de preparación».

En esa oportunidad fueron asesinados nueve campesinos, dentro de los que se encontraba el hermano de la Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú Tum.

El Ejército basó su actividad en contra de la población en su «Doctrina de Seguridad Nacional», que fue «la base de la Inteligencia Militar para ubicar al enemigo dentro de la población y las tácticas para conseguir su exterminio».

La guerrilla, conformada por cuatro principales frentes (el Ejército Guerrillero de los Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes, la Organización del Pueblo en Armas y el clandestino Partido Guatemalteco del Trabajo), solía ocupar parte de esa región al norte y occidente del país, por lo que los militares aseguraban que el pueblo ixil era «base» de los insurgentes.

Estos crímenes se dieron en el marco del conflicto bélico (1960-1996) que dejó también un millón de desplazados internos y tuvo su final después de que ambas partes acordaran 12 convenios, el primero en 1991 y el último el 29 de diciembre de 1996.

Los Acuerdos de Paz de 1996 se firmaron el 29 de diciembre en el Palacio Nacional de la Cultura entre el Estado de Guatemala y la guerrilla, después de una guerra civil que dejó unas 45.000 personas desaparecidas y otras 200.000 asesinadas, en un 93 por ciento atribuidas al Ejército, según un informe de ONU. EFE