Tegucigalpa.- El banquero hondureño Camilo Atala Faraj pidió este miércoles nuevamente al Parlamento de su país que reforme la ley para proteger la libertad de expresión y los periodistas, informó su abogado Luis Fernando Padilla.
«La difamación debe ser un asunto civil, no un delito penal», indicó Atala Faraj, «al reiterar su llamado al Congreso Nacional para que se modernice la ley para despenalizar el delito de difamación y convertirlo en un asunto civil», indicó Padilla en un comunicado.
Agregó con la reforma que pide el empresario, «se protegería el derecho a la libertad de expresión y a los periodistas como comunicadores sociales».
Señaló además que Atala Faraj desde el pasado Gobierno, que finalizó el 27 de enero, «ha demostrado muchas veces en los últimos tres años que, por principio, se opone al uso de sanciones penales en caso de difamación».
«Incluso, el año pasado pagó la multa en beneficio de una persona que lo difamó», lo que además hizo afirmó Padilla, en alusión a la exdiputada María Luisa Borjas, «para que no sufriera ninguna privación de su libertad».
En julio de 2020 la prensa local informó de que de acuerdo a un juez que conoció sobre una querella interpuesta por Atala Faraj, Borjas «habría transgredido los limites de la libertad de expresión, al emitir comentarios y valoraciones sobre un supuesto informe investigativo en el cual se hacía referencia a la presunta vinculación del empresario como autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres», el 2 de marzo de 2016.
Borjas, según las versiones de prensa, no tomó la más mínima diligencia para confirmar la información que trascendió al público a través de los medios de comunicación.
Atala Faraj es el presidente de Ficohsa, un grupo regional de servicios financieros que opera en Honduras, Panamá, Guatemala, Nicaragua y Estados Unidos.
Padilla recordó que el 29 de enero del 2019, tras ganar un juicio contra María Luisa Borjas, «que lo difamó con un documento fraudulento como parte de una campaña mediática para promover su propia candidatura política», Atala Faraj «pidió inmediatamente al tribunal, antes que se decidiera la sanción, que no le impusieran ninguna forma de reclusión».
«Era suficiente con que las mentiras y la falsificación hubieran sido expuestas y que la verdad hubiera sido claramente probada en el tribunal, dijo en su momento», indicó Padilla.
Además, «antes de llegar al juicio, el empresario había ofrecido, con la esperanza de evitar acciones legales, resolver el asunto de manera amistosa, sólo para establecer la verdad, pero su oferta fue rechazada».
«Ahora, con un nuevo gobierno y poder Legislativo en funcionamiento, el líder empresarial continúa insistiendo en la importancia de una reforma legal en esta materia», apostilló. EFE
