Tegucigalpa, 24 ene (EFE).- El Parlamento de Honduras, que en los últimos dos años ha sido salpicado por denuncias de corrupción de algunos de sus diputados, iniciará mañana, sábado, su tercer y penúltimo período de sesiones.
La labor del legislativo hondureño, principalmente de los diputados del gobernante Partido Nacional, y algunos minoritarios, ha sido repudiada por diversos sectores sociales a raíz de que a finales de 2019 le recomendaron al Gobierno que preside Juan Orlando Hernández, que no renovara el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La MACCIH, que llegó al país en abril de 2016, luego de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que dependía, concluyó su mandato el pasado día 19.
La falta de acuerdos entre el Gobierno y la OEA imposibilitó la ratificación del convenio original de creación de la MACCIH, que en coordinación con el Ministerio Público abrió una línea de investigación de al menos una docena de casos de corrupción, de los que algunos salpicaron a diputados y funcionarios del presente y pasados gobiernos.
La MACCIH cesó sus funciones, pese a la petición de diversos sectores del país, lo mismo que de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Naciones Unidas y cooperantes internacionales, de que continuará en el país, sin modificaciones a su convenio original, en un país donde la corrupción es uno de los flagelos más graves.
MORA POLÍTICA
El Parlamento hondureño lo preside Mauricio Oliva, del Partido Nacional, que lleva tres mandatos consecutivos, salpicados por denuncias de «fraude» hechas por las principales fuerzas de oposición.
El período gubernamental más cuestionado es el presente, debido a que, según la oposición, Juan Orlando Hernández fue reelegido mediante un «fraude» en los comicios generales del 26 de noviembre de 2017.
En los últimos dos años el Parlamento hondureño no ha aprobado varias iniciativas de ley, principalmente dos orientadas a la lucha contra la corrupción, y otras que tienen que ver con reformas electorales, que deberían de estar en marcha antes de las elecciones generales de noviembre de 2021.
TERCERA LEGISLATURA
El segundo período de sesiones del Parlamento hondureño finalizó el jueves y, mañana, según la agenda oficial, se espera que los titulares de los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, rindan un informe sobre sus ejecutorias del año anterior.
La instalación del tercer período será marcada por un riguroso sistema de seguridad en la sede del Parlamento, en el centro histórico de la capital hondureña.
El poder legislativo hondureño está compuesto por 128 diputados, de los que 61 son del Partido Nacional, y 30 del Libertad y Refundación (LIBRE), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando promovía reformas constitucionales, desoyendo impedimentos legales.
Se suman el Partido Liberal, segunda fuerza de oposición, con 26 diputados, mientras que los 11 restantes se los reparten cinco partidos minoritarios, de los que dos no han podido crecer en medio siglo que tienen de existencia.
Los partidos Nacional y Liberal tienen más de un siglo y por mucho tiempo alternaron el poder, algunas veces con interrupciones de los militares mediante golpes de Estado, pero los liberales fueron relegados a segunda fuerza de oposición a raíz de la crisis política derivada del golpe de Estado a Manuel Zelaya, quien había llegado al poder en 2006 bajo la bandera Liberal.
DE CRISIS EN CRISIS
Honduras, con más del 60 por ciento de pobres de sus 9,3 millones de habitantes, lleva una década marcada por la crisis política y social surgida por el derrocamiento a Manuel Zelaya, la que se agudizó luego de las cuestionadas elecciones generales de 2017, por el «fraude» que aduce la oposición, que desde entonces viene exigiendo la salida del poder de Juan Orlando Hernández.
A las elecciones de 2017 le siguieron una cadena de manifestaciones en las calles, de las que algunas derivaron en hechos violentos, con exceso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, según un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Según las Naciones Unidas, las manifestaciones violentas dejaron al menos 23 muertos, incluido un policía, además de muchos lesionados y detenidos, entre otras violaciones de derechos humanos.
TERCER AÑO DE HERNÁNDEZ
El presidente Hernández, por su parte, iniciará el 27 de enero el tercer año de su segundo período de gobierno, en un ambiente de rechazo de la oposición y otros sectores que en los últimos que han venido exigiendo su salida del poder desde 2018.
Además, esos mismos sectores, entre ellos el expresidente Manuel Zalaya, anunciaron a finales de 2019 convocatorias a un «paro nacional» sobre el que, hasta ahora, al parecer no hay un consenso generalizado para ponerlo en marcha luego de que Hernández inicie su tercer año del nuevo mandato.
A Hernández también se le acusa de estar ligado al narcotráfico, luego de que un hermano suyo, Juan Antonio Hernández, en octubre de 2019 fue declarado culpable de esa actividad en Estados Unidos, donde fue arrestado en noviembre de 2018.
El país centroamericano, que además sufre una violencia criminal que a diario deja unos 14 muertos y otros flagelos como el desempleo, narcotráfico y corrupción, también ha evidenciado la falta de líderes políticos, principalmente en la oposición, que asegura que Hernández se sostiene por el apoyo que le brindan los militares y Estados Unidos. EFE
