Managua – Tres movimientos sociales y cuatro partidos políticos de Nicaragua oficializaron este martes la opositora Coalición Nacional, con el objetivo de restablecer la democracia en el país centroamericano, que lleva casi dos años en una profunda crisis sociopolítica.
Representantes de los movimientos y los partidos anunciaron su adhesión a la Coalición Nacional, en un acto que fue celebrado como si se tratara de la plataforma que finalmente sacará del poder al presidente Daniel Ortega, tal como lo hizo la Unidad Nacional Opositora (UNO) hace exactamente 30 años.
A la Coalición Nacional, conformada inicialmente por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, junto con la Unidad Nacional Azul y Blanco, se sumaron el Movimiento Campesino, el Partido Liberal Constitucionalista, la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), el Partido de Restauración Democrática (PRD), y el partido indígena Yatama («Hijos de la madre tierra» en lengua miskita).
El encuentro destacó por la presencia del PLC, partido del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002), que a fines del siglo pactó reformas a la Constitución que permitieron el regreso de Ortega al Poder, y por la FDN, en representación de la «Contra», que enfrentó con armas a al Gobierno sandinista en la década de los años de 1980.
FIRMAN CONTRA «CRÍMENES»
«Desde abril de 2018 estamos unidos en lucha y resistencia, pese a la represión, los crímenes de lesa humanidad y la persecución (…), nos comprometemos a continuar trabajando en la construcción de una Coalición Nacional plural, incluyente y participativa», anunciaron los opositores, tras la firma del nuevo frente opositor.
La firma de la llamada «partida de nacimiento» de la Coalición Nacional, despertó una algarabía entre varios cientos de personas que acudieron al evento, en un auditorio en el centro actual de Managua, que permaneció rodeado de las fuerzas especiales de la Policía nicaragüense.
«Yo firmo con la convicción de que todos estamos unidos, sin excepción y sin distingo alguno, y poniendo a Nicaragua primero, vamos a derrotar a la dictadura», dijo el académico y coordinador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, uno de los personajes más prestigiosos y respetados del país.
El representante de Yatama, George Enríquez, señaló que la firma de los indígenas y afrodescendientes «no es por una lucha de derecha o izquierda», sino para luchar contra un «Estado racista, machista, misógino, colonizador».
«Vengo a firmar por los que no deberían haber muerto (desde 1980), miles de muertos que se debieron evitar, para que las futuras generaciones no vuelvan a caer en ese círculo (…) por los que murieron en abril (de 2018) para acá, estamos obligados a dar continuidad a la lucha», dijo el líder de la FDN, Luis Fley.
El Movimiento Campesino y el PLC coincidieron en que se unían a la Coalición Nacional, aunque con reservas sobre el papel que jugarán, mientras que el dirigente del PRD, el pastor evangélico Saturnino Cerrato, dijo que “vamos hasta el final.
Cada una de las firmas desató júbilo entre los asistentes, que gritaron consignas como «¡Libertad para Nicaragua!», «¡Libertad para los presos políticos!», o «¡La democracia va!».
ESPERAN A MÁS INTEGRANTES
Tünnermann sostuvo que la Coalición Nacional permanecerá con sus puertas abiertas para cualquier otra organización que se quiera integrar.
Tanto Ciudadanos por la Libertad (CxL), como el Partido Conservador, han mostrado interés en unirse a la oposición, pero bajo condiciones que excluyen a otros actores.
La Coalición Nacional espera presionar a Ortega para que libere a los «presos políticos», respete las libertades públicas, y permita elecciones «libres, transparentes, justas y observadas», preferiblemente antes de las previstas para 2021.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que no vivía desde la primera vez que Ortega fue presidente, entre 1980 a 1990.
La crisis ha dejado entre 328 y 684 muertos, según organizaciones que defienden los derechos humanos nacionales e internacionales, y que responsabilizan al Gobierno de Ortega por la violencia.
Ortega admite 200 víctimas mortales, e insiste en que se defiende de un «golpe de Estado fallido».
