Tegucigalpa.- El exdirector de Inversión estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, condenado a 10 años y 11 meses de prisión, más el pago de una multa millonaria por fraude en la compra de siete hospitales móviles, amenaza con presentar acciones contra el Estado de Honduras.
El exdirectivo de Invest-H expresó este viernes en el foro “La Entrevista” de Canal 11 que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y el Consejo de Ministros de ese entonces no infringió la ley al girarle la instrucción de compra de los sanitarios móviles.
Bográn dijo que eso era lo lógico, legal y natural ante el estado de emergencia que se vivía por la pandemia de la covid-19.
“Quienes deben ser investigados y encausados pero enjuiciados en libertad como debería estar yo, son esos seis altos funcionarios que recibieron una transferencia internacional del proveedor. ¿Quiénes son?, no lo sé, el fiscal Chinchilla no dio los nombres, lo que sí confirmó es que yo no estoy en esos seis”, aseveró.
«¿Qué puede hacer este gobierno? Invito a la presidenta que derogue la Ley de Privación de Dominio, la Ley Reo Sin Condena y que exhorte al Poder Judicial que siga al pie la letra la Constitución de la República y los tratados, con eso se evita la presidenta la condena que le va a venir al Estado de Honduras mía, porque yo voy a presentar mi demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) y lo que Honduras me quiere cobrar me lo va a tener que resarcir en público”, declaró.
No obstante, externó que no quiere llegar a ese extremo porque ama al país.
“Es más, si el Estado me pagara el doble de lo que me quiere cobrar, yo lo reparto de regreso al pueblo, no por medio del Estado, sino a través de cada mujer dueña de familia”, indicó.
Por unanimidad de votos el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción condenó el pasado 10 de junio a Bográn por la comisión a título de autor de fraude agravado a más de 10 años de prisión más una multa de mil 475 millones 921 mil 298 lempiras con 82 centavos.
Sumado a ello la inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por el doble del tiempo de la pena de prisión.
