Tegucigalpa.- En Honduras han sido reformadas una serie de leyes en los últimos años, con el objetivo de «prevenir la investigación y penalización de actos de corrupción», y que limitan la capacidad investigativa del Ministerio Público, alerta un estudio divulgado este lunes en Tegucigalpa.
«La obstaculización normativa en la lucha contra la corrupción ha sido algo evidente en los últimos años», señala el documento presentado por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado).
El estudio titulado «Sistematización de los obstáculos normativos en la lucha contra la corrupción en Honduras 2016-2021″ destaca que la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos», es una obstrucción.
Dicha ley permite que «contratos del Estado, muchos de ellos (sin) ninguna relación con la seguridad o defensa nacional, pasen a ser clasificados como ultra secretos, y mantener la reserva por hasta 25 años, pudiendo ser este tiempo ampliado cuantas veces se considere necesario», añade.
Otro obstáculo normativo, según el Fosdeh, es el decreto 141-2017 aprobado por el Parlamento hondureño y que ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar una auditoría e investigación especial de los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y organizaciones públicas y privadas, para deducir responsabilidad penal, civil o administrativa.
LIMITA LABOR INVESTIGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO
«Todas estas reformas normativas impiden que el Ministerio Público pueda perseguir a los implicados en la comisión de actos ilícitos, pero la reforma más clara y el obstáculo más grande en la lucha contra la corrupción fue la aprobación del nuevo Código Penal en 2017», añade el informe.
El nuevo Código Penal disminuye «todas las penas de los delitos contra la administración pública, contempla que, si en cualquier momento del proceso el imputado retorna los fondos, se puede suspender la persecución penal», señala.
El organismo hondureño lamenta que la normativa ha sido utilizada por «todos los acusados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) de comisión de delitos contra la administración pública para salir de prisión, obtener rebaja en las condenas».
«Estos son algunos obstáculos normativos y los que más influyen en la persecución de los delitos que se cometen contra las arcas del Estado», insiste el Fosdeh en su documento.
Afirma, además que «estas reformas normativas han limitado por completo las funciones del Ministerio Público, y con la salida de la Maccih y la remoción de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de y la Corrupción (Ufecic), la lucha contra corrupción en Honduras se ha visto fuertemente golpeada en los últimos años».
ESTADO CONTROLADO
El director del Fosdeh, Mauricio Díaz, dijo en su discurso que el Ministerio Público ha visto «coartado» el ejercicio de sus funciones por las «limitaciones» que han causado las reformas normativas.
Señaló que la Ley de Clasificación de Secretos «contraviene» estándares internacionales en materia de acceso a la información pública, y recordó que la otrora Maccih, que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA), propuso «su derogación total».
«Honduras es un Estado que gradual y consistentemente ha sido controlado por una parte de la dirigencia del país (cómplice o propulsante) que ha conspirado contra la institucionalidad pública, incluida la que está relacionada con el combate a la corrupción y la impunidad, mediante la infiltración partidaria proclive al delito», subrayó Díaz.
Destacó la necesidad de «regresarle» al Ministerio Público sus facultades, derogar la Ley de Clasificación de Secretos, y exhortó al Congreso Nacional a retomar los proyectos de ley e iniciativas que presentó la Maccih, como la Ley de Colaboración Eficaz e implementar un protocolo de protección de testigos. EFE
