Tegucigalpa.- El director de seguridad y justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Kenneth Madrid, anunció este viernes que presentarán un recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas aprobadas ayer en el Congreso Nacional.
“Presentaremos un recurso de inconstitucionalidad cuando estas reformas salgan publicadas en el diario oficial La Gaceta, en virtud de que estas reformas que se han llevado a cabo el Congreso Nacional el día de ayer son un zarpazo paras las organizaciones de sociedad civil en su lucha de denuncia y veeduría social”, señaló Madrid.
Explicó que los estándares internaciones han establecido claramente quienes son las Personas Expuestas Políticamente señalando que en ningún caso en América Latina se ha incluido en este grupo a organizaciones de sociedad civil.
Refirió que las nuevas reformas prácticamente coartan las gestiones de la sociedad civil, porque por ejemplo, en cualquier momento les pueden prohibir hasta que abra una cuenta bancaria o se les pueden congelar fondos.
“Eso es una forma de bloquear fondos para que las organizaciones no tengan recursos para que hagan ese tipo de acciones que han estado haciendo de denuncia, más en estos tiempos de pandemia”, agregó.
Indicó que lo que lo diputados del Congreso Nacional aprobaron en la reforma a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos es colocar a las organizaciones que luchan contra la corrupción en el mismo saco que las personas vinculadas al narcotráfico, actos de corrupción y malversación de fondos públicos.
“Y eso no solo una amenaza para las organizaciones de sociedad civil, sino para periodistas que en algún momento denuncien estos actos y busquen un país libre de corrupción”, añadió.
La ASJ condenó enérgicamente esta acción de “hostigamiento” por parte del Congreso Nacional al tachar a ciudadanos organizados que combaten la corrupción en Honduras como actores que corren el riesgo de lavar dinero en el sistema financiero, cuando expusieron ni siquiera entran dentro del concepto de PEP, al no ejercer cargos públicos, colaborar con políticos, influir en las decisiones sobre el destino del gasto público y tampoco ser personas naturales.
