Tegucigalpa – Comunidades indígenas expresaron este lunes su rechazo a la discusión en el Parlamento de Honduras de un anteproyecto de ley de consulta previa, libre e informada que, según ellos, pretende impulsar cada vez más la actividad extractiva de recursos por parte de multinacionales.
Así lo expresaron a Efe Berta Zúñiga, hija de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, y Ramón Matute, dirigente de la etnia tolupán de Honduras.
Zúñiga indicó que, según las autoridades, el anteproyecto de ley busca «regular la participación de las comunidades» sobre medidas legislativas y administrativas que afecten directamente a sus costumbres.
«Hemos visto las últimas propuestas y son totalmente contrarias a los derechos internacionales de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios», enfatizó Zúñiga, también coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Aprobar este tipo de iniciativas, añadió Zúñiga, supone «volver a repetir un (proyecto hidroeléctrico como) Agua Zarca», a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y al que Cáceres se oponía al considerar que causaba daños al medioambiente.
SE REPETIRÍA CRIMEN DE BERTA CÁCERES
Además, significaría «volver a repetir el crimen de Berta Cáceres, porque es darle vía libre a los proyectos sin que las comunidades tengan posibilidad de opinar, y profundizar estos conflictos sociales y ambientales».
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y por su crimen la Justicia hondureña condenó en diciembre pasado a siete personas.
Para garantizar el respeto a sus territorios y sus derechos de consulta, Zúñiga considera necesario que el Estado respete los convenios internacionales, pero también los «ejercicios autonómicos de los pueblos» para decidir.
Las autoridades de Honduras deben además crear «un marco jurídico adecuado» a estándares internacionales y «las necesidades de los pueblos indígenas», en consonancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989.
SIN DERECHO A VETO
Según la propuesta, los pueblos indígenas no tienen «derecho a veto, que solo somos una parte, pero quien va a tomar la decisión final es una instancia denominada Conacolp (Comisionado Nacional de la Consulta libre, Previa e Informada)», explicó.
Los grupos étnicos siguen siendo víctimas de «criminalización» y el «estallido» de varios conflictos ambientales es un reflejo de la falta de consultas a las comunidades sobre proyectos que les afecta directamente.
«Hasta que no haya una ley de acuerdo a los derechos de los pueblos indígenas va a seguir reviviéndose este montón de conflictos e incluso intensificándose», enfatizó Zúñiga.
DESPOJAR DE SUS TERRITORIOS A INDÍGENAS
Los tolupanes, asentados en la región central de Honduras, también se oponen al anteproyecto de ley, por considerar que busca «despojarlos de nuestro territorio», dijo Ramón Matute, dirigente de esa etnia.
«En este momento no se respeta nada, todo es la fuerza, nos asesinan y nos destierran, tampoco hay justicia para el pueblo tolupán», subrayó.
Lamentó que el Estado de Honduras desconozca «los títulos ancestrales» del pueblo tolupán y carezca de una consulta previa antes de licitar proyectos, principalmente de minería, en sus territorios.
Matute señaló que más de 120 líderes tolupanes, incluido su padre y un hermano suyo, han sido asesinados en las últimas décadas por defender los bosques, la mayoría de los casos siguen impunes
Su padre, José Salomón, y su hermano Juan Samuel Matute fueron asesinados el 25 de febrero de 2019 «por defender el título ancestral y el bosque» en la comunidad Locomapa, más de 300 kilómetros al norte de Tegucigalpa, señaló el líder tolupán.
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
Por su parte, el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Reynaldo Villalba, dijo a Efe que garantizar una verdadera consulta previa evitaría los conflictos sociales y el asesinato de defensores de la naturaleza.
«Si se hacen las consultas como se deben hacer, entonces hay una voluntad política del Estado» y que ese Gobierno «va a trabajar para que el resultado de esa consulta sea el que prime», subrayó.
Villalba aseguró que el mayor problema que enfrentan los defensores es la «ausencia de voluntad política para su protección».
