Tegucigalpa – La no renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), dependiente de la OEA, supone «un golpe» a la lucha contra esos dos flagelos, dijo este miércoles el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El organismo regional manifestó «su preocupación» ante la falta de un acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) para renovar la Maccih.
Agregó que la decisión de no renovar el mandato de la Maccih es un «grave retroceso» en el combate contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
El Icefi exhortó al Estado hondureño, especialmente a la ciudadanía, a «exigir la independencia, continuidad y fortalecimiento» de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público.
La Ufecic debe continuar para garantizar el seguimiento de los casos judicializados como parte del trabajo conjunto de esa unidad y la Maccih, añadió el organismo regional, que además pidió que se avance en «los esfuerzos» para fortalecer las capacidades las instituciones hondureñas para «cerrar los caminos a la corrupción».
El Instituto Centroamericano indicó que el «enérgico» rechazo de la población contra la corrupción provocó que el Gobierno hondureño solicitará a la OEA, en septiembre de 2015, la creación de la Maccih.
Agregó que los catorce casos investigados por la Maccih y la Ufecic permitieron «evidenciar cómo actores económicos, políticos, militares y religiosos, por medio de prácticas ilegales, han utilizado al Estado hondureño para asegurarse beneficios personales o intereses sectoriales, a costa del bienestar de las grandes mayorías».
Según el estudio «La corrupción. Sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano» divulgado por el Icefi en 2017, revela que «los mayores problemas de corrupción en Honduras se han concentrado en el gobierno central y en el Seguro Social».
La Maccih se instaló en abril de 2016 en Tegucigalpa tras un acuerdo suscrito entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y su mandato expiró el pasado 19 de enero.
Los casos documentados permiten comprender ocho fenómenos que «estructuralmente allanan el camino a la corrupción.
Entre esos fenómenos destacan la legislación desactualizada para combatir la corrupción y fomentar la probidad; la institucionalidad débil o capturada por redes de corrupción que imposibilita la promoción de la transparencia y una fiscalización integral y efectiva, así como un sistema de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos.
Se suman a ellos la «ausencia de una normativa adecuada y efectivamente aplicada para el control del financiamiento de los partidos políticos; los obstáculos y resistencia de muchos sujetos obligados a entregar o actualizar información pública; la falta de regulación de los conflictos de intereses, financieros y no financieros en las decisiones del poder público y significativos niveles de impunidad”.
Otro de los fenómenos son las «barreras a la participación ciudadana, que incluyen una amplia brecha entre las normas jurídicas y el ejercicio de mecanismos participativos regulados, así como dificultades para el acceso a información pública de calidad, de manera que esto se convierte en un impedimento para lograr una auditoría social y participación e incidencia informadas y propositivas», señaló el Icefi.
En su opinión, la ciudadanía y las organizaciones sociales continúan «jugando un rol fundamental» para exigir a las autoridades su derecho a una mayor transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos.
«Una ciudadanía activa constituye hoy la mayor reserva moral para promover los cambios necesarios con el fin de construir una sociedad libre de corrupción e impunidad, elementos indispensables para retomar la senda democrática y de desarrollo», apuntó el ente regional, con sede en Guatemala.
