Tegucigalpa.- La oficina para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicó en las últimas horas, los resultados de una larga investigación y análisis de los mecanismos de protección para periodistas en los cuatro países latinoamericanos más peligrosos para los medios: México, Honduras, Colombia y Brasil.
Titulado “Paradigma de protección: hacer que los mecanismos de protección funcionen para los periodistas latinoamericanos”, el informe es el resultado de un análisis comparativo sin precedentes de los mecanismos de protección en estos cuatro países, donde ocurrió el 90 por ciento de los asesinatos de periodistas en la última década. En uno de ellos, México, ya han sido asesinados nada menos que cinco periodistas desde principios de 2022.
Lanzada en 2021 con el apoyo de la UNESCO, esta encuesta ha tenido como objetivo determinar mejor cómo funcionan estas medidas, su efectividad y su impacto en los periodistas que han sido amenazados y que solicitan ayuda.
“Los periodistas en América Latina deben dejar de ser objetivos”, dijo el director de la oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié.
“Es urgente frenar esta espiral de violencia de dramáticas consecuencias para las democracias de la región. La vulnerabilidad de los periodistas no es inevitable. RSF propone formas concretas de mejorar la eficacia de los mecanismos de protección en Brasil, Honduras, Colombia y México, y tiene como objetivo ayudar a iniciar los cambios necesarios y brindarles un apoyo duradero”, añadió.
Ante esto, y gracias a la presión ejercida por la sociedad civil y las organizaciones internacionales, los Gobiernos de los países estudiados cuentan con programas de protección para periodistas.
Estos mecanismos evalúan cada situación particular y ofrecen distintas medidas de protección, que pueden ser patrullas policiales de vigilancia, “botones de pánico”, vehículos brindados, instalación de cámaras de seguridad o chalecos antibalas, entre otras.
En Honduras, RSF detectó que la falta de presupuesto debilita al Sistema Nacional de Protección hasta hacerlo prácticamente inviable por la incapacidad de adoptar medidas efectivas “y generando desconfianza y frustración generalizadas”.
Sin embargo, existe un sólido marco regulatorio logrado por la sociedad civil que ofrece posibilidades de mejorar el mecanismo en caso de que hubiese compromiso real por parte del Estado.
Honduras necesita, según el análisis de la organización, aumentar el personal y la cantidad de medidas ofrecidas, garantizar la participación de la sociedad civil en las evaluaciones, realizar seguimiento de plazos y dar efectividad a las medidas para así garantizar una atención integral.
Para llevar a cabo este diagnóstico detallado, RSF realizó 75 entrevistas con los diversos actores involucrados: los beneficiarios de las medidas de protección, los responsables de implementarlas y los representantes de la sociedad civil que trabajan en este tema.
Sobre la base de estas entrevistas y su experiencia regional, RSF ha elaborado un total de 80 recomendaciones destinadas a ayudar a resolver las fallas identificadas y mejorar la eficacia de los mecanismos de protección.
Este informe ofrece, por primera vez, un panorama regional autorizado de las políticas de protección existentes, sin perder de vista las especificidades de cada país. La identificación y el análisis de las fallas, que tienen consecuencias directas ya veces muy graves para los beneficiarios de estos programas, deben garantizar que el informe se convierta en una herramienta esencial no solo para la incidencia regional sino también para la cooperación técnica.
El objetivo es que las recomendaciones sean implementadas rápidamente por las autoridades de los cuatro países involucrados.
Brasil, Colombia, México y Honduras ocupan los puestos 111, 134, 143 y 151 respectivamente en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 de RSF.
