Tegucigalpa – Familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) recordaron este lunes a la ambientalista Berta Cáceres en el cuarto aniversario de su asesinato y exigieron que se capture y castigue a los autores intelectuales del crimen por el que siete han sido condenados.
El acto de recuerdo, organizado por familiares y el Copinh, entidad que fundó Cáceres, se desarrolló en la ciudad de La Esperanza, oeste del país, donde la ambientalista fue asesinada el 2 de marzo de 2016 y los asistentes exigieron «justicia».
Pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, la ambientalista fue asesinada a tiros en su casa, donde tenía como huésped al mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.
El Copinh, cuya coordinadora ahora es Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, indicó en un comunicado que el crimen de Cáceres «fue planificado por los dueños» de la empresa Desarrollo Energético (DESA), encargada de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad lenca de Río Blanco.
«Este crimen solo fue posible por la unión con las fuerzas represivas del Estado de Honduras que participaron de su persecución política, vigilancia y criminalización», subrayó la organización.
DESTRUIR LUCHA DE DEFENSORES
Este asesinato, añade el Copinh, representa «el plan para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras, liderada por Berta Cáceres y sembrar el miedo a las luchadores y luchadores de Honduras».
Sin embargo, señala, «su lucha no ha parado de retoñar en miles de expresiones dignas de resistencia del pueblo hondureño».
Un día después de la muerte de la ambientalista, sus familiares, el Copinh y organizaciones sociales se propusieron «construir la justicia para ella, desafiando la impunidad estructural del país que ha sido cómplice de los ataques a los pueblos y de su persecución política».
El proceso ha tratado de «librar una lucha más allá de la disputa legal, profundizando la lucha en defensa de los territorios amenazados por proyectos hidroeléctricos, mineros, de generación de energía, privatizadores de las playas e invasores de los territorios indígenas, garífunas y campesinos”, agregó el Copinh.
«GRANDES ESFUERZOS»
Encontrar la verdad ha implicado para el Copinh «grandes esfuerzos», sin embargo el «rugido mundial» de justicia ha permitido condenar a siete de los ocho acusados y comenzar el proceso legal contra Roberto David Castillo, directivo de DESA, detenido desde 2018 como presunto autor intelectual del crimen.
En diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
«Hemos comprobado que un cerco de impunidad se levanta para proteger a los autores de máxima responsabilidad en el crimen a pesar de la cantidad de evidencia», enfatizó el Copinh, del que Cáceres fue cofundadora en 1993, junto con su exmarido Salvador Zúñiga.
En el proceso de búsqueda de justicia, el Copinh y la familia de la líder de la etnia lenca se proponen «el proceso de justicia más amplio, yendo directamente a proteger el derecho de los pueblos a ser consultados de manera previa, libre e informada».
UNA HONDURAS DE JUSTICIA
Además, investigar y denunciar a las empresas que como DESA participan en «la persecución y violación a los derechos de las comunidades», así como «construir una Honduras de justicia, democracia y paz con desmilitarización».
«Es un imperativo del Copinh y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen; el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades de indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos», añade la declaración.
El Copinh convocó para hoy un «tuitazo mundial» en las redes sociales para pedir «justicia» para Berta Cáceres, quien se oponía al proyecto Agua Zarca al considerar que causaba daños al medioambiente.
Los mensajes, que llevarán la etiqueta #JusticiaParaBerta!, buscan exigir la captura y castigo a los autores intelectuales del crimen de la ambientalista.
