Los Ángeles – El Gobierno del presidente Donald Trump retiró la apelación contra un fallo judicial que requiere tratamiento urgente de salud mental a los migrantes y sus niños separados en la frontera debido a la política de cero tolerancia, eliminando el «obstáculo final» para que se otorguen esos servicios a los afectados, de acuerdo con la organización Public Counsel.
El Departamento de Justicia (DOJ) dio marcha atrás a su impugnación contra la demanda colectiva entablada por Public Counsel en nombre de tres madres migrantes separadas de sus hijos por las autoridades de inmigración en la frontera. La acción legal abarca a todos las familias migrantes afectadas.
El pasado 5 de noviembre el juez del Tribunal de Distrito en Los Ángeles, John A. Kronstadt, ordenó al Gobierno poner a disposición de inmediato exámenes de salud mental y tratamiento para miles de familias separadas por la política de cero tolerancia contra los inmigrantes indocumentados, que en su mayoría se aplicó entre 2017 y 2018.
El DOJ se negó a obedecer, presentando un recurso de apelación que en días recientes decidió dejar de lado.
«La decisión de la Administración de abandonar la apelación ilustra la fuerza de nuestro desafío legal sobre los graves daños psicológicos que la Administración infligió deliberadamente a las familias inmigrantes», dijo este miércoles a Efe el abogado Mark Rosenbaum, de Public Counsel.
UNA VICTORIA PARA LOS MIGRANTES
La decisión del Gobierno elimina el «obstáculo final» para que los padres migrantes y los niños reciban la atención de salud mental que necesitan, resaltó Rosenbaum, quien aseguró sentirse complacido con la marcha atrás de la Administración en esta batalla legal.
El abogado explicó que el siguiente paso es que «el Gobierno trabaje con un proveedor, sin fines de lucro, de servicios de salud mental para niños y familias, y brinde exámenes y servicios de salud mental a los padres inmigrantes y sus hijos que fueron separados, detenidos y traumatizados bajo la política inhumana de separación familiar».
De acuerdo a Rosenbaum, la Administración deberá comenzar desde ahora a obedecer la orden del Tribunal después de «convertir en arma el vínculo sagrado entre padres e hijos».
«Eso no es solo inconstitucional; es inhumano y antiamericano», enfatizó.
MILES DE NIÑOS AFECTADOS
Tras las denuncias y las acciones legales contra el Gobierno, este informó en 2018 que cerca de 3.000 niños habían sido separados por la fuerza de sus padres.
En octubre del año pasado el DOJ divulgó que otras 1.556 familias migrantes fueron separadas entre julio de 2017 y junio de 2018, para un total de 5.460 niños.
La mayoría de los niños, separados de sus familias tras cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos son menores de 12 años, incluidos más de 200 con edades por debajo de los cinco años, aclaró la Unión de Libertades Civiles, (ACLU), que también emprendió acciones legales contra el Gobierno.
MENORES AFECTADOS DE POR VIDA
La abogada Hannah Cartwright, directora de la organización Mariposa Legal y quien se especializa en defender a menores inmigrantes, indicó a Efe que las actuales políticas de inmigración del país están afectando la salud mental de las familias migrantes de «múltiples maneras».
La experta subrayó que los médicos ya han comenzado a clasificar la separación de los menores en la frontera, especialmente si los niños son muy jóvenes, como Experiencias Infantiles Adversas (ACE, por su sigla en inglés), que pueden tener grandes y duraderas consecuencias en la salud emocional y mental, y también la salud física de los niños.
«Entonces estos niños migrantes enfrentan riesgos en su salud emocional y mental en el futuro, desafortunadamente», sostuvo.
La demanda colectiva describe cómo una menor, que solo hablaba la lengua quiché, se desmayó de terror cuando se dio cuenta que la estaban separando de su mamá. En la caída la niña se causó lesiones en la boca que le dejaron la cara hinchada por varios días. Las heridas no fueron tratadas sino días después cuando fue traslada a un refugio para menores.
LOS MIGRANTES ADULTOS NO PUEDEN SER IGNORADOS
Pero si los niños causan preocupación, los efectos sobre los padres migrantes también deben tomarse en serio, advirtió a Efe la abogada Verónica Barba, quien ha representado a un gran número de migrantes con problemas mentales.
«Es muy grave porque aún estamos tratando de entender el alcance de los problemas de salud mental; en inmigrantes es un tema desconocido para muchos», lamentó.
«Los síntomas de las enfermedades mentales se tienden a esconder. He visto que algunas familias latinas prefieren rezar o refugiarse antes de buscar ayuda para atender a uno de los suyos», agregó.
Barba recomienda a los migrantes no ignorar los posibles síntomas de una enfermedad mental, y no ocultar tanto a sus abogados como a los jueces de inmigración esta clase de condiciones de salud.
«No se puede ocultar esto por vergüenza. Considerar las enfermedades mentales en un caso de inmigración es muy importante; puede ser una diferencia», acotó.
