Lima– Perú está sin jefe forestal, quien fue despedido de manera fulminante tras oponerse a una norma que facilitaría la deforestación en un momento donde la tala ilegal y el narcotráfico siguen invadiendo territorios indígenas a pesar de la cuarentena por la COVID-19 y asesinando y amenazando a sus líderes.
La repentina destitución de Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga, director del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), lo sorprendió a él mismo tras enterarse el pasado viernes por una publicación del diario oficial El Peruano de su cese firmado por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro.
«Me agarró completamente por sorpresa. Es una decisión arbitraria que da una señal muy adversa y mala a todos los profesionales que desde el Estado quieren contribuir al desarrollo del país», dijo este miércoles a la Agencia Efe Gonzáles-Zúñiga, quien llevaba en el cargo 16 meses de los 5 años para los que había sido elegido por concurso público.
El día anterior a su destitución se había opuesto a un cambio pequeño pero significativo que proponía el Ministerio de Agricultura para «un reglamento muy sensible» que había tomado dos años consensuar junto al Serfor, el Ministerio del Ambiente y las organizaciones indígenas.
Este documento fijaba las condiciones para la recalificación del suelo boscoso para uso agrícola y ganadero, de modo que desde el Ministerio de Agricultura se pretendía permitir ese cambio con solo un análisis de muestras del terreno. Actualmente tipo de cambio no es posible para un bosque primario.
«Es la mentalidad que predomina en el Ministerio de Agricultura: expandir la frontera agrícola a costa de la destrucción del bosque. Aumentar la superficie agrícola es una buena aspiración cuando lo haces bien sin contribuir a la deforestación, que es algo que agobia al Perú», afirmó Gonzáles-Zúñiga.
AGRICULTURA COMO AGENTE DE DEFORESTACIÓN
Precisamente la agricultura migratoria y el cambio de uso del suelo boscoso son las principales causas de la deforestación de la Amazonía peruana, y esto es el gran agente de emisiones de efecto invernadero en el país.
El ya exdirector del Serfor recordó que, por culpa de la deforestación, Perú perdió el año pasado 147.000 hectáreas de bosques. Desde el año 2001 se han deforestado más de 2,3 millones de hectáreas, una superficie similar a El Salvador.
Desde el Ministerio de Agricultura, del que depende el Serfor, ya se le había pedido su dimisión a inicios de marzo, después de que en su primer año en el cargo se aprobaran normativas para garantizar la trazabilidad de la madera extraída de la Amazonía, lo que es un método para combatir la tala ilegal.
Lo hizo con oposición y trabas por parte de las grandes empresas madereras que operan en la Amazonía, donde según el Serfor solo el 20 % de la madera que exporta Perú es de origen legal.
«Esos intereses llegan obviamente hasta el Ministerio de Agricultura. Si no hubiera pandemia ahora, esos fascinerosos de varios gobiernos regionales habrían hecho una fiesta por mi destitución y la de todo mi equipo», dijo Gonzáles-Zúñiga.
APOYO INTERNACIONAL
Un grupo de 23 organizaciones de la sociedad civil suscribieron un pronunciamiento contra ese cese, entre ellas la estadounidense Amazon Watch y la británica Agencia de Investigación Medioambiental (EIA), cuya directora en Perú, Julia Urrunaga, lamentó a Efe que la decisión no fuera planteada al consejo directivo del Serfor.
«Estamos evaluando si vale la pena quedarnos ahí. ¿Qué hacemos en un consejo que está siendo ignorado por el Estado? Es una burla», dijo Urrunaga.
La especialista en el lavado de madera (el proceso para dar apariencia legal a una madera de origen ilegal) apuntó que la normativa que pretende aprobar el Ministerio de Agricultura «rompe todos los compromisos del Estado a nivel internacional», como los millonarios fondos de Alemania y Noruega para conservar bosques.
Urrunaga consideró que desde el Gobierno «pensaron que podían presionar un poco a Gonzáles-Zúñiga para que se vaya sin hacer escándalo, pero él no estaba dispuesto a eso porque era hacerle el juego a la mafia».
Advirtió que las primeras reacciones a favor de esta destitución vienen de funcionarios implicados en investigaciones contra la tala ilegal que trabajan en los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali, los dos departamentos amazónicos donde se concentra la tala ilegal de Perú. También de las madereras que operan en esos territorios.
SIGUEN ASESINATOS DE INDÍGENAS
Casi al mismo tiempo que el Gobierno destituía a González-Zúñiga, un grupo de comunidades indígenas de la región selvática de Ucayali, en la frontera de Perú con Brasil, solicitaban ayuda al Estado ante las amenazas de taladores y narcotraficantes en la zona.
La Asociación de Comunidades Nativas de Asháninkas y Ashéninkas de Masisea y Callería (Aconamac) advirtieron que esas amenazas proceden de taladores ilegales y de cocaleros que han invadido sus territorios.
Hace cinco años esa misma zona ya fue escenario de un múltiple crimen cuando un grupo de taladores ilegales asesinó cruelmente a cuatro líderes de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, entre ellos el activista Edwin Chota, sin que hasta ahora se haya llegado a abrir un juicio contra los presuntos asesinos.
Desde que comenzó la cuarentena en marzo, al menos dos indígenas han sido asesinados por taladores ilegales en otras regiones de la Amazonía peruana: Arbildo Meléndez y Gonzalo Pío. EFE
