Tegucigalpa.-El principal informante y pieza fundamental en el caso Pandora, Fernando Josué Suárez Ramírez, decidió abandonar el Programa de Testigos Protegidos del Ministerio Público.
El oficial de comunicaciones de la Fiscalía, Yuri Mora, aclaró que “no se trata de una fuga porque él no estaba detenido, estaba bajo un Programa voluntario de Protección de Testigos porque colaboraba con el Ministerio Público en el caso Pandora”.
Agregó que en el Programa de Testigos cualquiera entra voluntariamente y de la misma manera puede abandonarlo, tal como sucedió como Suárez Ramírez.
“Estaba en el programa porque su vida corría peligro, tenía amenazas de que lo querían matar por todas las personas que estaba involucrando en el caso Pandora”, manifestó Mora.
Por su parte el abogado Omar Menjívar, defensor de Fernando Suárez, dio a conocer “No tengo ninguna información más que la que recientemente me ha brindado el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, que le comunicaron que Fernando Suárez se fugó”.
Fernando Josué Suárez Ramírez había aceptado la protección del MP y ahora lo que pasó es que bajo su riesgo decidió abandonar el programa, explicó el portavoz.
Suárez fue acusado inicialmente por la presunta comisión de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos, pero posteriormente el ente acusador del Estado pidió que fuera decretado como colaborador eficaz.
Fernando Suárez se presentó de manera voluntaria en noviembre de 2018 ante la Fiscalía con la intención de colaborar e incluso proporcionó importante información.
Hace una semanas, el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción informó que la Fiscalía declaró sin lugar la solicitud de procedimiento abreviado para Suárez Ramírez.
Por el Caso Pandora, los únicos que fueron a juicio oral y público son el exministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, Laura Arita y Norma Keffy Montes, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.
