Guatemala – El empresario guatemalteco y exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, acusado de varios cargos de corrupción, se entregó este lunes a las autoridades en el oeste del país tras cuatro años como fugitivo.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) guatemalteco confirmó a medios locales que Sinibaldi, exdiputado y ministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), se puso a disposición de las fuerzas de seguridad en la mañana de este lunes.
El exfuncionario se encontraba prófugo desde el 21 de julio de 2016 bajo serias acusaciones de corrupción en al menos cuatro procesos judiciales distintos, uno de ellos vinculado al caso Odebrecht en Guatemala.
El ministro de Gobernación (Interior), Oliverio García Rodas, aseguró a periodistas este lunes que la entrega de Sinibaldi se venía gestionado desde hace casi un mes, después de que los abogados del exdiputado se pusieran en contacto con el Ministerio Público.
De acuerdo con García Rodas, Sinibaldi se encontraba en Italia, por lo que se gestionó una visa especial para que pudiera llegar a México.
Posteriormente, el exministro de Comunicaciones se dirigió a Tapachula, en la frontera mexicana con Guatemala, para ser detenido por la Policía Internacional (Interpol) y la Policía Nacional Civil guatemalteca.
El empresario también fue presentado en 2014 como candidato a presidente del Partido Patriota, de Pérez Molina, para las elecciones de 2015, pero finalmente canceló su participación
ACUSADO DE MILLONARIOS DESFALCOS
Sinibaldi está vinculado a cuatro casos de corrupción por millonarios desfalcos al Estado durante la campaña electoral del presidente Otto Pérez Molina y también mientras se desempeñó como ministro de Comunicaciones (2012-2014).
El exfuncionario está señalado en un caso denominado «Construcción y Corrupción», una presunta organización criminal dedicada a cobros ilegales a empresas contratistas del ministerio de Comunicaciones con Pérez Molina.
También se le vincula con otros casos de corrupción durante el Gobierno de Pérez Molina, detenido desde 2015 acusado de liderar una estructura criminal denominada «La Línea», dedicada al contrabando en las aduanas.
Al exdiputado se le han decomisado más de 30 inmuebles en los últimos tres años, tras adquirirlas supuestamente con fondos ilícitos.
El 22 de julio de 2019, un Tribunal guatemalteco condenó a tres personas vinculadas con Sinibaldi y el excandidato presidencial preso en Estados Unidos, Manuel Baldizón, por su participación en el caso Odebrecht, divulgado en 2018 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De acuerdo con el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, los tres acusados fueron hallados culpables de operar empresas de fachada en las cuales Sinibaldi y Baldizón recibieron dinero del pago de sobornos por parte de directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A.
Por esta causa, vinculada al caso «Construcción y Corrupción», la judicatura impuso 6 años de cárcel por lavado de dinero al colaborador del exministro de Comunicaciones prófugo Juan Ignacio Florido, a quien también le impuso una multa de 9,3 millones de dólares.
Mientras que al abogado de Sinibaldi Juan Manuel Molina Coronado y al colaborador de Baldizón Jorge Eduardo Antillón los condenó a 6 años por lavado de dinero y 8 por asociación ilícita, además de una multa de 1,2 millones de dólares al primero y 346.000 dólares al segundo.
Estos cobros, según la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5 y el 15 por ciento y una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.
Los abonos, que se realizaron a través de testaferros, empresas y cuentas en varios países, como Panamá, China o Antigua y Barbuda, se repartían de la siguiente forma: 11,6 millones para Sinibaldi, 5 para Carlos Arturo Batres, prófugo, y 3 para Baldizón, de los que solo cobró 1,3 millones.
Sinibaldi se reunió por primera vez con directivos de Odebrecht en diciembre de 2011 y al año siguiente, cuando asumió su cargo en el Gobierno, se adjudicó y firmó el contrato para la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA2 a Occidente, la obra de la constructora brasileña en el país centroamericano que está sin terminar pero cuya construcción empezó en junio de 2013.
El empresario divulgó un comunicado de prensa este lunes en el que manifestó su alegría por volver a ver a su familia tras «4 años y 3 meses en los que he vivido desterrado, o para ponerlo en palabras más sencillas: prófugo de la Justicia». EFE
