En audiencia inicial el comisionado policial, Leonel Sauceda y su esposa

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Tegucigalpa. El comisionado general de la Policía, Leonel Sauceda y su esposa Patricia Estrada Pacheco comparecen este viernes a la audiencia inicial, la que se celebrará en el Fuerte General José Trinidad Cabañas, en esta capital, ambos acusados por el delito de lavado de activos a partir de las 9:30 de la mañana.

Sauceda, junto a su esposa fueron capturados el martes en su residencia al sur de la capital hondureña, posteriormente en la audiencia de declaración de imputados, un juez con jurisdicción nacional les dictó detención judicial y los envió a guardar prisión en las instalaciones del Primer Batallón de Infantería y a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), respectivamente.

En la acusación Sauceda no pudo justificar casi 14 millones de lempiras y su esposa más de dos millones de lempiras, por lo que fueron imputados por el delito de lavado de activos por el Ministerio Público.

En ese sentido, las autoridades realizan aseguramientos de 33 bienes, ocho bienes muebles e inmuebles, dos vehículos y 23 productos financieros; de los bienes, tres son terrenos localizados en Olanchito, Yoro con una extensión de 100 manzanas, mismos que fueron entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

La investigación señala que el comisionado Sauceda en un periodo de 11 años (2006-2017) no ha podido justificar 13.8 millones de lempiras, lo que incluye movimientos en 13 cuentas a su nombre.

Asimismo, su pareja Estrada Pacheco no justificó 2.7 millones de lempiras, tras movimientos financieros de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre sin determinar el origen del dinero, ya que no poseía empleo, negocio o préstamo que generar algún ingreso.

Es así que el informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras, sin deducciones.