Tegucigalpa- El nuevo Código Penal de Honduras entró este jueves en vigor, matizado por la polémica entre los que lo defienden como una necesidad para modernizar la legislación y quienes lo rechazan por considerarlo un retroceso en la lucha contra la corrupción.
La norma entró en vigencia pese a que la víspera diputados de la oposición «derogaron» el Código Penal en una sesión virtual, considerada por algunos sectores como la de un «Parlamento paralelo».
El diputado Luis Redondo, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, dijo que la sesión que dirigió este miércoles es válida y es respaldada por la Constitución.
No obstante, el presidente del Parlamento, Mauricio Oliva, aseguró hoy que la sesión está «al margen de la ley» y que serán las autoridades competentes las que decidan «si se ajusta a derecho o no».
«Veo con pesar que en las últimas horas y en la recta final ha habido manifestaciones mediáticas con alto grado político para tratar que esta normativa jurídica no entrase en vigencia», enfatizó Oliva, del gobernante Partido Nacional.
Todos los sectores tuvieron «la oportunidad y el espacio» para presentar al Parlamento sus observaciones y recomendaciones sobre el Código Penal, destacó Oliva, quien afirmó que la nueva norma será de «gran beneficio para la Justicia» de Honduras.
El Parlamento hondureño, cuyos accesos son resguardados por cordones de seguridad de policías, interpuso hoy una denuncia en contra de los diputados opositores que «derogaron» el Código Penal, en una sesión que el oficialismo no reconoce, por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y contra la forma de Gobierno.
DESTRUYE COMBATE DE LA CORRUPCIÓN
El director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado), Mauricio Díaz, dijo a Efe que la entrada en vigencia de esa norma supone «la parte final de destrucción del sistema de combate a la corrupción» en el país.
Destacó que Honduras había emprendido en los últimos años una lucha contra la corrupción, con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), cuyo mandato de cuatro años concluyó en enero pasado, luego de que el Gobierno y la Secretaría general de la OEA no lograron un acuerdo para la continuidad.
Díaz aseguró que la nueva normativa es el «resultado de una estructuración bien pensada de cómo ir haciendo modificaciones de naturaleza legal para darle el beneficio a quienes están administrando fondos del Estado y para que eso pueda quedar en absoluta impunidad».
El retraso en la entrada en vigor de la normativa, aprobada en 2018 por el Parlamento se debe, añadió, a los múltiples reclamados de diversos sectores sociales.
El Código Penal es «una de las partes finales de una trama que conspira contra la administración de Justicia en Honduras y nos vuelve más dependientes a una administración de justicia extraterritorial», subrayó el director del Fosdeh.
Aseguró que el Código Penal «va a confirmar la impunidad» generalizada en el país centroamericano, donde la corrupción es una de las principales causas de la pobreza en que viven más del 60 % de los 9,3 millones de habitantes que tiene Honduras, donde varios políticos, entre ellos algunos diputados del Parlamento, han sido salpicados por denuncias de ese flagelo.
NORMA FAVORECERÁ A CORRUPTOS
El Código Penal, que sustituirá al de 1983, favorecerá a muchas personas, incluidos corruptos presos, con la reducción de penas por delitos de corrupción y de violencia contra la mujer y la niñez en Honduras, así como por el uso indebido de recursos públicos, agregó.
Sobre el rechazo al Código Penal, la directora de la ONG Grupo Sociedad Civil, Jesica Sánchez, dijo a Efe que el país necesita una nueva norma penal, pero, como está, lesiona los derechos humanos.
La nueva normativa afectará a «los más pobres», aseguró Sánchez, quien señaló que algunos delitos de violencia contra la mujer son conmutables por servicios a la misma víctima.
La activista dijo que esperaba que el Parlamento aprobará una nueva prórroga que retrasará la entrada en vigencia del Código Penal ante la emergencia que está viviendo Honduras, con un toque de queda desde marzo, por la COVID-19, y contribuir así a su reforma.
Reconoció la necesidad de que el país tenga un nuevo Código Penal, porque el de 1983 tiene «bastantes falencias, era necesario una actualización de nuevas normativas nacionales e internacionales».
Sin embargo, Sánchez considera que el Código Penal supone «un retroceso» para Honduras porque criminaliza la protesta social, la libertad de expresión y lesiona los derechos humanos.
RIESGO GRAVE PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La población debe seguir pidiendo una reforma al Código Penal, subrayó la activista, quien dijo que además se debe analizar la posibilidad de denunciar las violaciones de la nueva normativa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que ya hizo el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El organismo anticorrupción entregó el 23 de junio ante la CIDH una carta en la que denuncia «las violaciones atroces del Código Penal de la impunidad hacia los derechos de la ciudadanía».
«La entrada en vigencia del nuevo Código Penal (…), representa un riesgo grave para la vigencia de los derechos a la libertad de expresión de reunión, de asociación y de manifestación pública en un contexto caracterizado por la existencia de una impunidad generalizada y de procesos de criminalización y uso indebido del derecho penal para impedir el ejercicio del derecho a defender derechos humanos», señala el CNA en la misiva.
El CNA es uno de los sectores que se ha manifestado en contra del Código Penal, a lo que se ha sumado el poder Ejecutivo que en las últimas horas ha enviado al Legislativo varios señalamientos sobre reformas que debería tener la nueva normativa.
El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, dijo este miércoles a periodistas que, en reuniones con autoridades del Parlamento, el Ejecutivo ha expresado su preocupación por algunos contenidos del Código Penal en lo que respecta al tema de seguridad pública.
Según el Ejecutivo, las reformas están centradas a algunos artículos relacionados con la violencia criminal contra las mujeres, la trata de personas, el desplazamiento forzado interno y la extorsión, entre otros flagelos que afectan al país. EFE
