Guatemala – La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, ordenó este miércoles suspender provisionalmente el proceso de elección de más de 200 jueces del Organismo Judicial, incluidos los 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El dictamen de la Corte de Constitucionalidad fue anunciado este miércoles en rueda de prensa, tras avalar un recurso legal solicitado el pasado lunes por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), que argumenta que existen irregularidades en la elección.
La decisión de la corte suspende la elección de los más de 200 jueces, actualmente en manos del Congreso de Guatemala. Los diputados del país centroamericano tenían planificado designar esta semana a los aproximadamente 200 magistrados de salas de Apelaciones y a 26 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de un listado de casi 300 abogados elegidos por una Comisión de Postulación.
La elección de los más de 200 jueces del Organismo Judicial debió llevarse a cabo en octubre de 2019, pero varios recursos legales han ido retrasando su desarrollo.
El dictamen de la Corte de Constitucionalidad no ordena la repetición del proceso de elección, aunque no se descarta dicha posibilidad cuando su fallo quede en firme.
El MP solicitó la suspensión de la elección una semana después de que fiscales a su cargo recapturaran al operador político y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), Gustavo Alejos, quien se habría reunido con al menos media docena de personas para manipular las designaciones de los jueces.
Alejos se encontraba en un sanatorio privado por autorización de una jueza, supuestamente bajo supervisión del Sistema Penitenciario, y desde ese lugar se reunió con varias personas vinculadas a la elección de los más de 200 jueces del Organismo Judicial.
El recurso legal del MP, que intenta bloquear la actual elección, «se deriva de que actualmente existe un proceso de investigación en el que se establecen vicios dentro del proceso de conformación de las nóminas de aspirantes para integrar las cortes del país», según aseguró la entidad que dirige la fiscal general, Consuelo Porras.
De acuerdo al MP, se pudieron haber violado «los artículos 103 y 207» de la Constitución de Guatemala, los cuales hacen referencia a «las calidades necesarias para el desempeño de la función pública basada en la capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad».
La Fiscalía añadió además que en su opinión existe una «amenaza real» e «inminente» sobre la legalidad de la elección.
“Se considera urgente e imprescindible emprender un proceso de reforma profunda al sistema de administración de justicia del país, el cual dé una respuesta efectiva a las necesidades de la población, en observancia de la ley y de los principios éticos y probos de la función pública”, propuso el comunicado.
Alejos, según grabaciones y vídeos divulgados por el MP, se reunió con diputados, miembros de la Comisión de Postulación y posibles candidatos a llegar a las cortes guatemaltecas.
El ex secretario privado de Colom está vinculado ya a cinco casos penalmente por corrupción: «Negociantes de la salud», «Cooptación del Estado», «Transurbano (equipo prepago)», «Financiamiento ilícito de la UNE» y «Red de poder, corrupción y lavado», este último por el que se encuentra bajo prisión preventiva.
REFORMA AL SECTOR JUSTICIA
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró el pasado martes que planteará una «reforma» al proceso de elección de jueces del país centroamericano, además de otros «cambios» relacionados con el Organismo Judicial.
El mandatario explicó en declaraciones a periodistas que «vale la pena que vayamos previendo» una «reforma» al sector justicia y «no solo en la elección de magistrados» a las cortes.
Sus palabras llegaron al ser consultado por el tema y al referirse también al recurso legal interpuesto el lunes pasado por el Ministerio Público para la suspensión del proceso de elección.
Los jueces que finalmente sean designados para el Organismo Judicial y su máxima cámara, la Corte Suprema de Justicia, estarán en sus cargos por un período de cinco años.
