Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) será parte del juicio en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.
En el tercer día del juicio oral y público en el caso contra Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió un recurso de amparo a favor del Copinh obligando a suspender dicho juicio.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que existía recurso de amparo interpuesto por representantes del Copinh sobre el manejo de los recursos del río Gualcarque.
Manifestó que dicho recurso ha sido resuelto por la Sala de lo Constitucional, por lo que a la 1:00 de la tarde de este día los jueces tendrán que movilizarse a la CSJ para confirmar el recurso que fue admito y resuelto.
“Lo presentado por el Copinh este día indica que ellos vuelven a ser parte de este proceso como afectados, es decir, ubicándose como acusadores privados”, dijo Silva.
En ese sentido, declaró que tendrán que ingresar a la audiencia ya no como espectadores, sino como parte interesada del caso “Fraude sobre el Gualcarque”.
No obstante, para el abogado Juan Carlos Sánchez, la participación de este tipo de organizaciones solo crea presión a nivel nacional e intencional.
“Supuestamente se están vulnerando los derechos de los indígenas, pero eso no es cierto. Estos pobres señores utilizan sus nombres para agenciarse beneficios propios que van a bolsas específicas de representantes del Copinh”, apuntó el abogado.
El profesional del derecho indicó que la CSJ obviamente iba a resolver a favor del Copinh para efectos de tenerlos como víctimas en un juicio en el cual ya está consignado el Ministerio Público como representante del pueblo y la Procuraduría General de la República (PGR) como representante del Estado.
“El querer participar el Copinh en un juicio de esta naturaleza es poder sentar las bases para unas futuras demandas contra el Estado de Honduras”, acotó.
La acusación en este caso que data del 04 de marzo de 2019, es por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
La Fiscalía busca demostrar que los seis acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que una empresa desarrolladora de un proyecto hidroeléctrico fuera beneficiada con el contrato de operación y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque que se celebró con la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), así como el contrato de suministro y potencia de energía con la ENEE.
