Tegucigalpa.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) exhortó al Estado hondureño en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, eliminar las barreras que obstaculizan la inclusión de más de un millón de personas con discapacidad en el país.
Esto con el fin de que se pueda ejercer con autonomía y libertad, derechos básicos como la libre circulación, la educación, salud, la información, comunicación y el empleo.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre de cada año, la titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, resaltó la deuda que tiene el Estado hondureño con uno de los sectores más invisibilizados y excluidos de la población en Honduras.
La defensora del pueblo urgió el cumplimiento efectivo de la normativa nacional e internacional y se aplique el principio de igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad, lo cual es fundamental para el ejercicio de sus derechos.
Explicó que, en el país, las deficiencias en la infraestructura pública, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo, el maltrato en el servicio del transporte público, la poca accesibilidad a la información y la comunicación, son parte de las barreras que enfrentan a diario miles de compatriotas que presentan algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual y psicosocial.
Agregó que el maltrato, así como la discriminación que sufren desde su niñez, con oportunidades educativas restringidas, carencia de servicios de salud integral, falta de oportunidades laborales, inmovilidad y encierro “obligatorio”, vulnera los derechos humanos de esta población que representa, al menos, un 14% de los 9.6 millones de hondureños.
Las personas con discapacidad se quejan de las barreras que enfrentan para acceder a los centros de estudio, servicios de salud, abordar un medio de transporte, transitar libremente en aceras y calles sin ningún temor e incluso hasta las dificultades que tienen para ejercer sus derechos políticos.
Si bien Honduras promulgó la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, que obliga a las entidades públicas, empresas y otras instancias privadas a contratar un mínimo de personas con discapacidad, de acuerdo a una tabla relacionada con el número de empleados, ésta no se cumple.
Otras dificultades que enfrentan, es la infraestructura física de las ciudades, a la que se suman las barreras arquitectónicas en inmuebles públicos y privados, lo que se constituye en un serio obstáculo para que las personas con discapacidad puedan disfrutar a plenitud de sus derechos.
En lo que respecta a los servicios de salud, se estima que de los 1,743 establecimientos con que cuenta la Secretaría de Salud, el 70% no cumple con los estándares de accesibilidad, por su infraestructura, ya que no cuentan con rampas, baños adecuados y espacios amplios para su movilización; asimismo, la atención médica especializada es casi nula, al igual que se presentan dificultades para proveerles de medicamentos.
La Coordinadora de la Defensoría de las Personas con Discapacidad del CONADEH, Betina Hernández reveló que entre enero y noviembre del 2022, al menos, 127 personas con discapacidad “rompieron el silencio” y denunciaron ser víctimas de atropellos a su dignidad por particulares y de violaciones a los derechos humanos por autoridades estatales.
De las 127 denuncias atendidas por el CONADEH, 61 están relacionadas con violaciones a los derechos civiles y políticos, 25 con el acceso a la justicia y 36 vinculadas con los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con el derecho al trabajo, los servicios públicos, la salud, la educación y la alimentación.
Las denuncias van desde amenazas a muerte, despidos colectivos en instituciones gubernamentales, abusos de autoridad, malos tratos, lesiones, allanamientos de morada, cobro indebido de servicios públicos, violencia intrafamiliar, negligencia médica, negación de descuentos especiales, hostigamiento físico, psicológico y sexual en su centro laboral.
Entre los denunciados figuran personas particulares, secretarías de Estado como Infraestructura y Transporte (INSEP), Inclusión Social (SEDIS), Salud, Educación, Seguridad, Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional Penitenciario, Poder Judicial, alcaldías municipales, la Dirección Policial de Investigación, la Policía Nacional Preventiva, entre otros.
Las violaciones a los derechos humanos, contra este sector vulnerable, tuvo como escenario 16 de los 18 departamentos del país. Sin embargo, el 68% de los casos se presentaron en los departamentos de Francisco Morazán (49), Choluteca (13), Comayagua (12) y Olancho (12).
Según Hernández, en lo que respecta al transporte público se debe garantizar una real accesibilidad para las personas con discapacidad y que el 100% de la flota de autobuses se adapte con rampas.
Recordó que todas las personas, independientemente de su condición, son iguales y deben gozar de los mismos derechos, deberes y oportunidades, no obstante, existen personas que por las circunstancias de vulnerabilidad en la que se encuentran requieren protección especial y atención prioritaria, como es el caso de personas con discapacidad.
