Estrasburgo (Francia).- La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, recordó en su primer informe anual, presentado este miércoles, que «el derecho a la salud y a la igualdad de acceso a los cuidados sanitarios son parte de los derechos humanos que defiende» la organización paneuropea.
Pejcinovic aseguró a un grupo de periodistas de que, «en general, la mayoría de los países responden» a ambos derechos, ya que existen mecanismos nacionales para verificar que se aplican.
Sobre los resultados de la pandemia, afirmó que «lo que está claro es que los grupos vulnerables y desfavorecidos se ven especialmente afectados».
«Debemos evitar que el virus destruya nuestro modo de vida, lo que somos, aquello en lo que creemos y los derechos que toda persona en Europa puede reclamar», dijo.
El efecto de la epidemia de COVID-19, en la que Europa «ha pagado un duro tributo en vidas humanas», ha hecho que Pejcinovic dedique un capítulo especial a la pandemia.
Pejcinovic no ve antagonismo entre las «medidas draconianas» de los gobiernos para limitar el impacto de la pandemia y la labor del Consejo de Europa de dar apoyo a los Estados para que las medidas sean eficaces y conformes a las obligaciones jurídicas.
Destaca que el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa ha emitido obligaciones de integración social, en respuesta a la COVID-19, por valor de 1.000 millones de euros en siete años y otro por 500 millones de dólares en tres años.
El importe total de préstamos concedidos para luchar contra la pandemia hasta el mes de junio superó los 2.900 millones de euros para 15 proyectos urgentes en 14 Estados miembros.
Por su parte, la Farmacopea del Consejo de Europa creó el grupo de trabajo «Vacuna» para ayudar a universidades y pequeñas empresas a encontrar un remedio contra la COVID-10.
Ya en el ámbito general, el informe «Multilateralismo 2020» señala que «es el momento de demostrar cómo una organización multilateral puede adoptar métodos punteros y generar más actividad en favor de los Estados miembros sin aumentar el gasto».
Por ello, quiere «una organización moderna y atractiva que produzca resultados a la altura de los medios comprometidos para garantizar la aplicación de las normas comunes de cara a los retos actuales y futuros».
Pejcinovic apoya las prioridades de la Conferencia de Helsinki de 2019, como el refuerzo de la sociedad civil, la inteligencia artificial, los derechos sociales, la lucha contra la trata, la libertad de expresión y el combate contra la desigualdad y el discurso del odio.
