Pekín- China exigió hoy a las delegaciones de las agencias de noticias Associated Press (AP) y United Press International, de la cadena de televisión CBS y de la emisora National Public Radio que declaren por escrito información sobre su personal, finanzas, operaciones e inmuebles en el país asiático.
La medida, explicó hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Zhao Lijian, se produce en respuesta a las restricciones que Washington impuso el día 22 de este mes a la actividad en territorio estadounidense de cuatro medios chinos, entre ellos la cadena estatal de televisión CCTV, por considerar que hacen «propaganda» del Partido Comunista de China.
«Estas contramedidas son totalmente necesarias y recíprocas, y responden a la creciente opresión y discriminación sobre los medios chinos en territorio estadounidense», afirmó Zhao.
Para el portavoz chino, las medidas tomadas por Washington «socavan la reputación y la imagen de los medios chinos, afectan a sus operaciones, interrumpen gravemente los intercambios entre ambos países y exponen la hipocresía de la pretendida libertad de prensa».
Además de CCTV, Washington impuso también restricciones a la agencia de noticias China News Service, al grupo Diario del Pueblo y a Global Times, rotativo que pertenece a ese grupo mediático.
Y a esas hay que sumar las que ya dictó en febrero sobre otros cinco medios: la agencia de noticias Xinhua; la televisión CGTN -canal internacional de CCTV-; la emisora China Radio International; el diario en inglés China Daily y la empresa que lo distribuye, la Hai Tian Development USA.
Además, en marzo, Estados Unidos anunció límites en el número de empleados de nacionalidad china que Xinhua, CGTN, China Radio International y China Daily pueden tener en el país.
En respuesta a las medidas de Washington, Pekín expulsó en marzo a los corresponsales de nacionalidad estadounidense de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.
Además, el Gobierno chino ordenó a las delegaciones de esos tres diarios, así como a la revista Time y al medio estatal Voice of America que declarasen igualmente por escrito la información sobre su personal, finanzas, operaciones e inmuebles en China.
El trasfondo de estas nuevas diferencias entre las dos potencias es la subyacente pugna por la hegemonía, la guerra tecnológica y comercial y, más recientemente, el intercambio de acusaciones sobre el origen de la actual pandemia del coronavirus, a cuenta de la nueva ley de seguridad para Hong Kong o por la situación de los derechos humanos de los uigures en la región noroccidental china de Xinjiang.
De hecho, la medida contra AP se produce un día después de que la agencia publicase una información que aseguraba que el país asiático ha puesto en marcha medidas para reducir las tasas de natalidad entre los habitantes de la etnia uigur, entre ellas esterilización forzada, abortos y controles de embarazo.
Al respecto, Zhao acusó el lunes al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, de «mentir descaradamente» y de decir «cosas sin sentido» al afirmar que China está intentando reducir el índice de natalidad de los uigures en Xinjiang.
El portavoz aseveró que no es la primera vez que dirigentes estadounidenses citan la «información falsa e inventada» del antropólogo alemán Adrian Zenz, una de las fuentes consultadas en la información publicada por AP sobre Xinjiang.
No obstante, China dificulta el trabajo de los periodistas extranjeros que intentan visitar esa región salvo en los viajes organizados por el propio Gobierno, con lo que, en la práctica, la única información sobre el terreno -al margen de la oficial- es poco más que la facilitada por terceros, sean particulares o oenegés.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó en febrero que estudia el envío de un equipo de su oficina a China tras ser invitada por Pekín, aunque recalcó que pedirá acceso sin trabas a determinadas instalaciones para «analizar profundamente la situación de los derechos humanos». EFE
