Tegucigalpa. El dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera lamentó este lunes que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Honduras, no hayan llegado a un acuerdo para la continuidad del trabajo conjunto en contra de la corrupción e impunidad, en la fecha que se había previsto.
Sin embargo, espera que puedan retornar a la mesa de negociación lo antes posible y encuentren solución a sus diferencias.
“La experiencia acumulada por la OEA y el Gobierno, en el combate a la corrupción e impunidad, no se puede desperdiciar, creo que es inteligente y responsable que sigan trabajando de la mano; por ejemplo, en el caso particular de la investigación y persecución penal a actos ilícitos, ahí fiscales y agentes hondureños junto a expertos internacionales pudieron obtener excelentes resultados que deberían continuar dándose” dijo.
Rivera expresó que “al margen de este fracaso en las negociaciones, las autoridades nacionales no deben interrumpir las acciones que directamente van encaminadas a identificar patrones de conducta corrupta y a desmantelar redes criminales, para la cual, a través del trabajo con entes externos especializados en la materia, se debe seguir fortalecimiento aquellos esquemas de acompañamiento técnico que han producido resultados positivos en la lucha por revertir la impunidad».
«Tenemos un buen Fiscal General y muchos honestos y eficientes fiscales especiales, que con acompañamiento técnico especializado podrán obtener muchos más resultados positivos que hasta la fecha han tenido”, señaló
“Ya hay esquemas de trabajo que se ejecutan en la actualidad y son exitosos, por ejemplo, en la lucha contra las drogas y que tienen resultados positivos en el combate al narcotráfico, especialmente de cocaína, en la interacción entre unidades de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio Público (MP), y la Administración para el Control de Drogas (DEA); ese mismo modelo se puede utilizar para hacer la lucha en contra de los corruptos en Honduras», señaló
El también miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, advirtió que “lo que no podemos negar es que la institucionalidad estatal necesita seguir recibiendo apoyo externo especializado y se debe seguir abriendo las puertas para recibirlo; hay entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General de la República (PGR), el MP y el Poder Judicial, que requieren procesos de reingeniería institucional y su recurso humano necesita fortalecer sus capacidades y adoptar modelos efectivos de lucha en contra de los actos ilícitos, y para eso, la asistencia técnica internacional no está de más, es necesaria”.
En diciembre del año pasado, la OEA y el Gobierno de Honduras, habían anunciado el inicio de conversaciones formales para una siguiente etapa de Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a través de la construcción de un sistema más fuerte de transparencia, lucha contra la impunidad y combate a la corrupción en Honduras, que ayude a seguir adelante con el fortalecimiento institucional; hace algunos días se estableció que el 17 de enero del 2020, darían a conocer el contenido de los acuerdos finales para la prolongación del trabajo conjunto entre la OEA y el Gobierno de la República. El anuncio se hizo, pero para revelar que las negociaciones habían fracasado.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SISTEMA DE INTEGRIDAD
Para el director de Incidencia Política de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) en esta nueva etapa que se apertura después del fracaso en las negociaciones entre la OEA y el Gobierno de la República de Honduras, es de suma importancia que se impulse la construcción y ejecución de una Plan Nacional Anticorrupción y un Sistema General de Integridad que permita alinear los esfuerzos –públicos y privados- en contra de los actos ilícitos; el mismo debe de diseñarse e implementarse con amplia participación de las diferentes entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, gremios empresariales, iglesias de todas la denominaciones, movimientos sociales y otros actores notables de la sociedad.
“De forma consensuada, para cargarlas de legitimidad y calor ciudadano, deben definirse las pertinentes y efectivas medidas anticorrupción que permitan asegurar el eficiente y honesto uso de los recursos del erario nacional, la obligatoria rendición de cuentas de los administradores de los bienes del Estado y el combate a los que integran las bandas del crimen organizado y las redes de corrupción” indicó.
El dirigente de la sociedad civil precisó que “se requiere hacer los cambios necesarios al marco jurídico que aplica a la lucha contra la corrupción entre los que destacan las reformas a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida por todos como Ley de Secretos, los cambios necesarios a la Ley de Contratación del Estado, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y crear una nueva legislación en materia de Servicio Civil para garantizar la profesionalización de los integrantes de la burocracia nacional; se necesita construir, junto al liderazgo del Poder Legislativo y las diferentes bancadas de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional de la República, una agenda legislativa anticorrupción”.
Por el otro lado apuntó que “se requiere impulsar una profunda reforma administrativa, rediseñar orgánicamente y fortalecer las capacidades presupuestarias y logísticas de los entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia; habrá que apostarle de forma radical a despolitizar y profesionalizar el TSC, PGR, MP, y los diferentes organismos judiciales, así como garantizar la estabilidad laboral de quienes ahí trabajan”.
Agregó que “los recursos financieros con los que cuentan estas instituciones que luchan contra la corrupción son limitados por lo que –muy especialmente al MP- se le debe asignar más presupuesto para que puedan cumplir a cabalidad con el mandato constitucional de defender los intereses de la sociedad y combatir la corrupción. Se necesitan más fiscales, más agentes de investigación criminal, más peritos especializados y forenses y más personal auxiliar”.
“Deben priorizarse aquellas grandes áreas de la administración pública en donde históricamente la corrupción ha reinado, para combatirla con determinación y esmero; por ejemplo, el uso de recursos públicos para fondear campañas proselitistas; la adjudicación ilegal de contratos de suministro de energía eléctrica, la negociación de precios por encima de los de mercado y la condonación –oficial y fáctica- de cuantas sin pagar de usuarios personales y empresariales; la defraudación y evasión fiscal tributaria, y el contrabando; la corruptela ancestral que ha acaecido en el sector salud, con el manejo de los medicamentos y equipamiento médico hospitalario; la ilicitud en la contratación de obra pública de infraestructura y adjudicación de concesiones bajo el modelo de Alianza Pública Privada (APP).
