Tegucigalpa – La Asociación de Funerarias de Honduras sacó este jueves sus carrozas fúnebres a las calles en protesta porque el Gobierno no les permite abrir varios de sus servicios desde marzo, a causa de la pandemia de COVID-19, lo que podría llevar literalmente a la «muerte» a varias empresas.
«La situación del sector funerario de Honduras es un poco triste porque tenemos prácticamente 180 días de encierro», dijo a Efe el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, Edwin Lanza, al recordar el confinamiento decretado por el Gobierno por la pandemia, que ya ha dejado más de 2.000 muertos y cerca de 70.000 contagiados en el país.
Agregó que el Gobierno no les permitió exponer sus propuestas ante la pandemia, sino que «se nos cerró de una manera abrupta, dejándonos limitados, algunas operando en un 30 por ciento», y que por eso hoy han salido a protestar con los coches fúnebres en Tegucigalpa, algunos procedentes de otras ciudades.
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POR EL CONFINAMIENTO
A raíz de la pandemia de COVID-19, que no ha sido manejada de la mejor forma por el Gobierno, según fuentes médicas, el entierro de las personas fallecidas desde a mediados de marzo ha sido rápido, sin tiempo para velatorio, ni preparación de cadáveres.
Para evitar una mayor propagación de la pandemia, los entierros se hacen en su mayoría el mismo día del fallecimiento de las personas, aunque la causa del deceso no haya sido por coronavirus.
Lanza indicó que debido a los protocolos impuestos por las autoridades sanitarias, la mayoría de las funerarias han suspendido los servicios de preparación de cadáveres, salas de velatorio, las cobranzas de sus planes a futuro y los de previsión, entre otros.
En muchos casos las empresas fúnebres están teniendo problemas con las personas que suscribieron contratos, a quienes no se les ha cumplido fielmente con los servicios por los que han pagado anticipadamente.
Efe conoció el caso de un exalcalde de Tegucigalpa que, aunque su familia tenía pagado con anticipación un plan de servicios fúnebres, al fallecer tuvo que ser velado en su casa, porque la funeraria no cumplió con lo que le correspondía, incluso habría pretendido hacer un cobro adicional derivado de los protocolos sanitarios impuestos a causa de la pandemia.
El presidente de la Asociación de Funerarias señaló que la protesta de hoy es la única opción que tienen para exigirle al Gobierno una mayor amplitud para el sector.
Según Lanza, el cierre de la mayor parte de los servicios de las funerarias afecta a más de 16.000 empleados, entre directos e indirectos, que «están suspendidos».
La Asociación de Funerarias, recién constituida y en proceso de formalizar su personalidad jurídica, la integran unas 80 empresas, de las que 26 son casas matrices que tienen representación en la mayoría de los municipios del país.
«Pero en general, tenemos más de 250 funerarias a nivel nacional, a las que estamos pidiendo que se sumen a la asociación para desarrollar el sector funerario», indicó Lanza.
EXIGEN IGUAL TRATO QUE RECIBEN OTROS SECTORES
El líder del sector de las funerarias dijo que desde hace dos meses le solicitaron al Gobierno un pilotaje para ir abriendo sus servicios de manera gradual, como se le ha autorizado al turismo, hoteles, transporte y restaurante, pero no han recibido respuesta.
Además, de las 80 funerarias a nivel nacional, solamente se aprobó un protocolo para 5 que funcionan en Tegucigalpa, dejando por fuera a las de ciudades importantes como San Pedro Sula, El Progreso, Tela, Comayagua, Siguatepeque y Copán, en el norte, centro y occidente del país.
Lanza, propietario de «una pequeña funeraria» en Tegucigalpa, subrayó que los empleados que han sido perjudicados con el cierre de la mayoría de servicios que brindan empresas del sector, necesitan reincorporarse a su trabajo para atender los gastos de su hogar, por lo que hizo un llamamiento al Gobierno a autorizar la apertura, cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos.
MÁS DE 5.000 MUERTOS POR COVID-19, SEGÚN FUNERARIAS
Según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), los muertos por COVID-19 en Honduras desde marzo suman 2.102 y los contagios 69.660.
Esas cifras podrían ser mucho mayores debido a que el Laboratorio Nacional de Virología ha venido con retraso en el proceso de pruebas PCR para conocer sobre la expansión de la pandemia.
Fuentes médicas calculan que la cifra de fallecidos podría superar los 5.000 y los contagios los 100.000.
Al respecto, Lanza indicó que, por la venta de ataúdes que registra la Asociación de Funerarias, desde marzo habrían fallecido 5.100 personas por COVID-19, extremo que no ha sido desmentido ni confirmado por el Sinager.
Lanza también indicó que la única funeraria que ha estado prestando todos sus servicios es la San Miguel Arcángel, propiedad de los militares, lo que considera desleal, porque va en perjuicio de las demás empresas del sector, que no han podido prestar al menos sus servicios de velatorio.
«A los militares no los toca nadie, mientras ellos han estado operando, nosotros hemos estado encerrados, así de sencillo», recalcó el dirigente de las empresas de servicios fúnebres.
En lo que respecta a los talleres en los que se hacen los ataúdes, Lanza señaló que «si no se les permite la apertura, pueden ir a la quiebra varias empresas funerarias», de las que «muchas están trabajando con números rojos, porque siguen pagando local y otros servicios, sin recibir ingresos».
La funeraria más pequeña, según explicó Lanza, tiene al menos 12 empleados, mientras que las medianas y grandes oscilan entre 150 y 800. EFE
