Trípoli – Un total de 330 migrantes fueron interceptados la semana pasada por patrulleras libias y obligados a retornar a este país pese a la guerra y a que la comunidad internacional no lo considera un puerto seguro, informó hoy la Organización Internacional de las Migraciones (IOM), agencia vinculada a la ONU.
Todos ellos fueron reenviados a centros de detención que según las organizaciones no gubernamentales internacionales sobre el terreno no cumplen en su mayoría con las condiciones mínimas de seguridad e higiene pese a las ayudas europeas.
La migración irregular y la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos no ha cesado en Libia pese al recrudecimiento de la guerra, civil, que en los últimos quince meses ha segado la vida de unas 1.800 personas y obligado a miles más a abandonar sus hogares y convertirse en desplazados internos.
Ni siquiera pese al impacto de la pandemia por la COVID-19, que oficialmente ha contagiado a más de 4.000 ciudadanos y causado la muerte a 93 solo en el oeste del país.
El domingo, unidades de los cuerpos de seguridad marítima en la ciudad de Zawra, uno de los trampolines de la industria de la migración irregular en Libia, interceptaron una embarcación precaria con 20 personas a bordo que lanzó una alerta cuando navegaba a la deriva a unas 18 millas marítimas del puerto de Mellitah, en el oeste del país.
Libia es un estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera a la victoria de los distintos grupos rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.
Desde 2015 el país esta dividido en dos, con un Gobierno de Acuerdo Nacional sostenido por la ONU en Trípoli (GNA) y el citado Ejecutivo tutelado por Hafter, que domina la mayor parte de los recursos petroleros, única riqueza que explota el país.
En el último año el conflicto fratricida se ha transformado en un enfrentamiento armado multinacional privatizado, sin ejércitos, librado por milicias locales y mercenarios extranjeros. EFE
